Hace 30 años el país vivía una de las peores crisis y el malestar se expresó en las calles
Redacción Política
A inicios de la década del 70 las grandes centrales sindicales estaban ausentes -según el historiador Juan Paz y Miño-; pero a finales de esa década se consolidaron procesos de unidad que dieron paso a que la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Libres Sindicales (Ceosl), la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) se unan en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y adquieran fuerza en la década del 80.
El entonces presidente Jaime Roldós, durante sus 2 años de gobierno, manejó un modelo basado en potenciar el papel del Estado. Apuntaba a incrementar la inversión en obra pública y mejorar las condiciones de trabajo de la gente.
Sin embargo, con el gobierno de Osvaldo Hurtado, en 1982, “comienzan nuestras desgracias... se inicia la crisis de la deuda externa en toda América Latina y también en Ecuador”, recordó Paz y Miño.
El sucesor de Roldós y militante de la Democracia Popular tomó medidas económicas -los llamados ‘paquetazos’- que elevaron los costos de los productos básicos, de la gasolina y ajustes presupuestarios que despertaron la inconformidad en la población, sobre todo del sector popular.
El FUT se activó ante esas medidas y canalizó el malestar de la población, en aquella época más receptiva a sus cuestionamientos sociales. Los siguientes gobiernos, como el de Febres-Cordero (1984-1988), agudizaron un esquema neoliberal, además de caracterizarse por su política autoritaria y represiva ante cualquier “alteración al orden público”, según recoge Eduardo Tamayo G., autor del libro Resistencias al autoritarismo.
Esto llevó a la constitución de grupos de jóvenes que consideraban la lucha armada como una herramienta para intentar derrocar al gobierno de Febres-Cordero, entre ellosAlfaro Vive ¡Carajo! (AVC), que se radicalizó entre 1985 y 1987.
Durante los 4 años del régimen del Partido Social Cristiano ocurrieron desapariciones forzadas de personas, asesinatos extrajudiciales y se institucionalizó la práctica de la tortura.
48 horas de huelga nacional
La prensa de la época destacó al menos 4 levantamientos sociales importantes; pero Patricio Ycaza en Historia del Movimiento obrero ecuatoriano menciona hasta 7 huelgas nacionales.
Una de las principales movilizaciones fue la IX huelga nacional unitaria convocada el 9 de enero de 1985 por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular (FP), para rechazar el alza del precio de la gasolina y las tarifas de los transportes públicos.
En los primeros días de 1985, los diferentes sectores sociales: universitarios, trabajadores y transportistas reaccionaban a las medidas que el gobierno tomó a finales del año anterior.
Desde el 2 de enero se produjeron las primeras protestas. Diario El Comercio describió cómo el Ministerio de Defensa dispuso que las unidades de transporte de las Fuerzas Armadas movilicen a la población porque el transporte público se había suspendido.
Mientras tanto, el Ministerio de Recursos Naturales defendía una medida ‘heredada’, aludiendo que si no se alzaba el precio de la gasolina, el subsidio se habría elevado a los 15 mil millones de sucres, 4 veces más que en 1984.
En este marco el FUT y el Frente Popular declararon una huelga nacional de 48 horas, que desembocó en actos violentos. La prensa registró disturbios simultáneos en varias provincias: Azuay, Manabí, Bolívar, Guayas, Esmeraldas y Cañar.
Debido a esto, el gobierno de Febres-Cordero decretó el estado de emergencia en todo el país, declarando ilegal a la protesta: “Los paros y las huelgas de carácter político no están garantizados por la Constitución”, expresó José Icaza, subsecretario de Trabajo.
Según la Federación Sindical Mundial (FSM), la intervención represiva de las fuerzas gubernamentales dejó como saldo 8 personas muertas, decenas de heridas y más de 300 detenidas entre los 300 mil manifestantes. Además, estudiantes y trabajadores denunciaron la persecución del gobierno.
El 11 de enero de 1985 se anunció el fin de la huelga, pero las consecuencias se visualizaban en los titulares de los diarios: terrorismo (ver subnota), contrabando de gasolina, aumento de precios en el transporte e industria automotriz, debilitamiento del comercio.
Y consecuentemente los sindicatos empezaron a exigir el alza del salario básico, en correspondencia al incremento de los productos básicos. Eso reavivó la inconformidad de la ciudadanía. Para el historiador Paz y Miño, si bien el levantamiento indígena tiene gran valor histórico, el movimiento obrero “planteó una resistencia continua al neoliberalismo. Sin ellos, los grupos de poder habrían tenido el camino fácil para aplicar sus medidas”.
LEA MAÑANA
La versión de los sobrevivientes de aquella explosión en el sector de Cochapamba, en 1985.
Datos
Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), durante los 4 años del febrescorderismo se registraron 126 homicidios a manos de la fuerza pública.
Además, 240 personas torturadas, 200 incomunicadas, 500 privadas de su libertad arbitrariamente, 100 domicilios violados y 7 desaparecidos.
Según Eduardo Tamayo, el movimiento sindical llegó a su más alto protagonismo entre 1982 y 1983. En 1985 el número de huelgas disminuyó de 96 (1984) a 72.
El número de participantes también bajó: 13.866 en 1984 y 9.224 en 1985. Se habló de la penalización de la protesta.
En cambio, en 1986 se constituyeron 199 nuevas centrales sindicales, es decir, 3% más de comités de empresa que en 1985.