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La política deportiva en Ecuador ha sido un campo de constantes transformaciones desde sus inicios administrativos y estructurales, que se remontan a 1922. Este texto ofrece al lector una primera visión del instrumento jurídico de control y regulación: la Ley de Educación Física, Deportes y Recreación.
A lo largo de las décadas, diversas normativas han buscado fortalecer el sistema deportivo nacional, destacándose la primera ley, promulgada en 1978 y reformada en 1990. En 2005 se aprobó una nueva legislación, que fue reemplazada por la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación en 2010, actualmente vigente con reformas introducidas en 2015.
El proyecto de ley, conocido como 'Ley Antipillos' y derogado en 2024, pretendía reformar los artículos 15 y 16 de la normativa vigente. En el artículo 15, se redefinía el concepto de las organizaciones deportivas, permitiendo la creación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Estas entidades de derecho privado pretendían perseguir objetivos económicos definidos en sus estatutos, alineados con la Ley de Compañías.
El artículo 16 introducía nuevas regulaciones para el deporte profesional. El artículo 16.1 lo definía como una actividad remunerada con explotación comercial y relevancia económica. En línea con esto, el artículo 16.2 establecía derechos laborales para los deportistas profesionales en deportes colectivos, quienes ahora podrán firmar contratos formales que incluyan cláusulas sobre horas extra y derechos de imagen. Además, el artículo 16.5 creaba la figura de las ligas profesionales, que tendrán autonomía técnica, administrativa y financiera. Estas ligas se encargarían de organizar competiciones profesionales y debían implementar controles financieros y laborales, además de garantizar que un porcentaje de los ingresos generados por derechos audiovisuales se destine al desarrollo del deporte amateur.
Estas reformas representaban un paso significativo hacia la modernización y profesionalización del deporte en Ecuador. Sin embargo, su implementación plantea desafíos. ¿Podrán las Sociedades Anónimas Deportivas coexistir con las organizaciones tradicionales sin comprometer el enfoque social y público del deporte? ¿Cómo garantizarán las ligas profesionales la transparencia y el cumplimiento de sus funciones? Recordemos que, desde 2020, sigue en debate un nuevo proyecto de ley que pretende dar soluciones a las importantes deficiencias del sistema deportivo nacional.
Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.