Burla, egoísmo, frialdad, miedo, humillación, violencia, temor y discriminación son prácticas frecuentes y comunes que sufren las personas de las diversidades sexuales y de género en el Ecuador y en el mundo. Se trata de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersex, identificados dentro de la comunidad GLBT.

Precisamente la Constitución de 2008 es la primera Carta Magna del Ecuador que reconoce los derechos, deberes y oportunidades de los homosexuales, en sus artículos 11 (numeral 2), 68 y, fundamentalmente, en el 83 (numeral 14) en el que se establece como deber y responsabilidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos, respetar y reconocer las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. Nadie podrá –señala- ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, de cultura, estado civil, orientación sexual, etc. que menoscaben o anulen el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.

Derechos que para el analista Leonardo Vicuña dan lugar a que los temas de fondo sean conocidos y las propuestas de soluciones sean difundidas para amplias discusiones entre diferentes sectores del Estado. “El pueblo y sus organizaciones deben participar y las diferencias conocerse y, si se mantienen, respetarse. Hay que programar la acción política y el debate oportuno”.

La Constitución proclama que todos tienen legitimidad para tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y vida, para lo cual, el Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras, en un marco de libertad y respeto.

Situación ecuatoriana

En 1997 la homosexualidad se despenalizó en el Ecuador y, un año después, la Constitución amparó la no discriminación por orientación sexual. Este principio se reafirmó en la Carta Magna de 2008 y se apega más al derecho internacional. Además, la Constitución de 2008 reconoció otras realidades. Por ejemplo, en el artículo 11, numeral 2, se consagra explícitamente la no discriminación por “identidad de género”.

Inclusive, desde 2009, el Código Penal sanciona, en todo un capítulo, los delitos de odio por orientación o identidad sexual. En tanto que el nuevo proyecto que discute la Asamblea Nacional garantiza el ejercicio del derecho de las visitas íntimas en los centros de reclusión en igualdad de condiciones sin importar la nacionalidad, sexo, preferencia sexual o identidad de género.

“Antes éramos más discriminados; desde 2008 ha habido un progreso en la inclusión de estos grupos a la sociedad; lamentablemente, no es un ejercicio real porque falta cumplir la legalidad consagrada”, afirmó Diane Rodríguez, presidenta de la Asociación Silueta X.

En un estudio hecho por esta Asociación, Rodríguez señala que las denuncias por discrimen han ido en aumento.

El sociólogo ecuatoriano Teodoro Wolf da la razón del porqué los grupos GLBTI no son admitidos como un grupo humano “normal” en la sociedad: “Se les considera como entes enfermos y raros por la tradición conservadora de nuestra nación que, sumada a los principios religiosos, desencadenan en una condena pública”.

Así, el problema persiste, aunque ahora el Gobierno ofrezca mayores garantías y reconocimientos constitucionales, como aquel que por mandato se permite las uniones de hecho del mismo sexo, sin llegar al matrimonio.

Dentro de las políticas públicas, Quito dio un paso importante con la expedición de la Ordenanza Municipal 240 sobre la inclusión de la diversidad sexual GLBTI. La medida permite que esa población participe en promover y validar un proyecto de Ordenanza que declara al Distrito Metropolitano libre de prácticas atentatorias a los derechos humanos.

El reclamo público de la legitimidad de los mencionados colectivos, en los cuales se incluye a los intersex (antes mal llamados hermafroditas por nacer con los dos sexos), empezó con la despenalización de la homosexualidad, que castigaba con prisión a quienes la practicaban, según el Código Penal.

Por primera vez en la historia del Ecuador el INEC realiza una investigación sobre las condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos de las diversidades sexuales y de género en el paísEl actual marco legal coloca a Ecuador entre los países más avanzados en esta materia en América Latina. Es así que por primera ocasión en la historia nacional, el Gobierno de Rafael Correa designó a una activista de los derechos de las mujeres diversas, Carina Vance, como ministra de Salud. En una publicación de una revista ecuatoriana, Vance narra su historia y la experiencia que sufrió por el rechazo de la sociedad, aún cuando vivió en Europa. La ministra indicó que en ese continente, a los 13 años, tuvo su primera novia y, mientras viajaban en un bus agarradas de la mano, un grupo de chicos y chicas de unos 20 años le escupieron en la cara, le dieron un puñete y patadas, lo que significó un duro despertar para ella.

Investigación del INEC

La situación de prejuicio y discriminación que aún vive este grupo humano se ratifica en los resultados de la “Primera Investigación (estudio de caso) sobre Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos Humanos de la población GLBTI en Ecuador”, efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) que analizó 2.805 entrevistas a la población en referencia. Utilizando metodología denominada “Bola de nieve”, la finalidad no fue cuantificar el número de personas del grupo, sino desarrollar un diagnóstico sobre las condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI.

La homosexualidad se despenalizó en 1997. En 2008, la Constitución de la República otorgó mayores garantías a la comunidad GLBTI, principalmente, sobre los derechos humanos.

El Código Penal sanciona, en todo un capítulo, los delitos de odio por orientación o identidad sexual. Sin embargo, el colectivo sigue siendo víctima de discrimen y violencia.Se recabó información en Quito, Guayaquil, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Ibarra, Santa Elena, Salinas, Libertad y Manta sobre sociodemografía, discriminación y exclusión, salud, educación, trabajo y seguridad social, justicia y derechos humanos, y participación ciudadana.

Por orientación sexual o identidad de género se entrevistó a 818 casos de gay, 662 lesbianas, 446 bisexuales, 800 transfemeninas, 35 transmasculinos, 40 transexuales y otros 4 que representan a la población que se denomina como “queer”, es decir, una persona que no se define sexual ni genéricamente o se resiste a hacerlo. El 66,7% de la población investigada se concentra en los grupos de edades entre los 20 y 34 años, el 29,1% a personas entre 20 y 24 años y el 0,2% a 65 y más años de edad.

El 77,1% son personas solteras y el 16,1% en unión libre, mientras el 2,4% está casado. Según el estudio, el 10,4% tiene hijos, de los cuales el 85,6% los ha concebido naturalmente. El 44,4% vive con sus padres; el 1,4%, con su esposo o esposa; y el 21,5%, sola o solo. Lo importante del estudio del INEC es que el 90,9% del colectivo GLBTI sabe que la Carta Política reconoce el derecho a la no discriminación.

Lesbianas: mujeres que aceptan abiertamente su atracción física, emocional y sexual por otras mujeres.

Gays: hombres que asumen de manera abierta su atracción física, emocional y sexual por otros hombres.

Bisexuales: mujeres u hombres que sienten atracción física, emocional y sexual por personas de ambos sexos.

Travestismo: preferencia por el uso de vestimenta, lenguaje, manierismos, etc. propios del género opuesto.De otro lado, el 36,1% participa de forma activa en algún grupo o movimiento. De estas personas, el 73,5% participa en grupos GLBTI; el 16,1%, en grupos sociales y/o culturales; el 15,1% en deportivos; el 12,3%, en grupo de jóvenes; el 10,5%, en barriales; el 9,3%, en grupos políticos; el 5,8%, en barriles y religiosos; el 3,9%, en movimientos de mujeres; y el 2%, en étnicos. Quienes no intervienen en ninguno de esos segmentos lo hace por falta de interés o por recelo a que se enteren de su orientación sexual, pues temen el rechazo, desprecio y odio de la sociedad, así como al maltrato físico, verbal y psicológico. En cambio, en otros pesan más los prejuicios y moralismos, los fundamentalismos religiosos y el racismo. Un 10% cree que los medios de comunicación fomentan imágenes negativas de estos grupos.

Necesidades básicas

Diane Rodríguez cree que el colectivo aún no logra satisfacer las necesidades básicas porque no responde a la pirámide de Maslow, que es una teoría propuesta por el sociólogo Abraham Maslow, respecto a tener educación, empleo, alimentación y acceso a la vivienda.

Rodríguez considera que lograr esas metas es más primordial que abogar por el matrimonio entre personas del mismo sexo, que fue uno de los últimos debates públicos. “Para poderme casar primero tengo que capacitarme y eso se logra estudiando; debo tener plata para pagar el matrimonio y cooperar en el hogar, y esto se consigue con el trabajo”.

Lamenta que a la mayoría de la población GLBTI no se le atiendan, en su totalidad, las necesidades básicas, tal como arrojan los resultados de la investigación del INEC, que determinaron que el 40,6% de los entrevistados tiene al menos un año del nivel de instrucción universitaria, el 37,1% un bachillerato, y apenas el 0,1% ha acudido a un centro de alfabetización. De las personas que respondieron cursar el nivel superior, el 68,2% no cuenta con título (ver gráfico 1).

“Son nuestras condiciones y perjuicios los que nos impiden alcanzar metas, nos da miedo relacionarnos con la gente para que no nos identifique y aísle, tememos involucrarnos en un trabajo, son pocos quienes ocupan importantes cargos en la empresa privada y, ahora, en la administración pública por las garantías que ofrece el Gobierno, pero la mayoría somos discriminados”, dice un arquitecto de 58 años que pide no mencionar su nombre.

En una entidad, un gay era objeto de constantes burlas de un compañero que le trataba de “gorda”. Hasta que un momento le enfrentó. Una denuncia le habría costado al acosador severas sanciones que tipifica el Código Penal. “Estaba harto, ya no soportaba la burla y maltrato diario”, señaló este profesional de la comunicación, cuyo nombre se omite por pedido.

Seguridad social

De la población GLBTI investigada por el INEC, el 58% no está afiliado al seguro social ni tiene acceso a otro tipo de seguro de salud; mientras que el 31% sí goza de este beneficio y apenas el 11% tiene seguro de salud privada (ver gráfico 2).

Tito Esparza, de la Fundación Equidad y Género, indicó que al colectivo le ocurre lo mismo que al país: “Aún faltan suficientes plazas de trabajo y, en nuestro caso, actúan además los prejuicios de la sociedad ecuatoriana que nos relegan de posibilidades laborales y de los beneficios de la seguridad social”.

Podemos –agrega- conseguir trabajo en gabinetes de belleza, que es lo más común, pero “los microempresarios incumplen las leyes y no nos afilian”.

Además, indicó que no todos tienen título universitario y, en algunos casos, ni de bachiller lo que les impide tener experiencia, que es uno de los requisitos para poder emplearse. Esto afecta a una población joven en edad productiva y, de poseer título y experiencia, no se pasa la entrevista porque prefieren dar a otra persona el cargo.

Según Esparza, el problema es más evidente en las personas trans y homosexuales, a quienes por su apariencia, nadie les da una oportunidad. “Ecuador vive la transfobia y homofobia que obliga a esconder nuestra verdadera identidad, vestirnos como hombres o mujeres, pero la apariencia nos delata y somos objeto de burlas y agresiones”.

Sin embargo, la coordinadora de la Asociación Lésbica de Mujer & Mujer, Lía Burbano, considera que, a pesar de la exclusión, hay un avance paulatino en esta materia. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) está otorgando becas estudiantiles a integrantes de la comunidad GLBT que han tenido un buen desempeño académico.

Acceso a la salud

Del mismo modo, el 55,1% de los entrevistados tuvo acceso a atención por salud en los últimos tres meses; el 84,1% registró al menos una atención durante el último año, y el 2,0% nunca la tuvo (ver gráfico 3). El 60,1% fue atendido en establecimientos de salud públicos y un 37,9% en privados. (ver gráfico 4).

El 92,8% fue controlado por un doctor, mientras el 4,8% por un enfermero/a. El 0,9% también acude a un especialista en medicina alternativa (homeopatía, acupuntura) y otro porcentaje igual, al boticario. En tanto, que el 74,2 % que recibió charlas sobre sexualidad utiliza protección durante la relación sexual.

Población Económicamente Activa

Respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), el INEC determinó que el 94,5% está ocupado y el 5,5% desempleado. De todos modos, el 49,5%, es trabajador de empresas de servicios y vendedor de comercios y mercados.

Le siguen los profesionales científicos e intelectuales con el 11,3% e igual porcentaje el personal de apoyo administrativo; técnicos y profesionales de nivel medio el 8,5%; directores y gerentes el 3,5% y, al último, con el 0,5%, los agricultores y trabajadores calificados como agropecuarios, forestales y pesqueros (ver gráfico 5).

Además, el 45,6% de la población ocupada percibe hasta dos salarios básicos de 292 dólares mensuales vigentes a diciembre de 2012; el 27,8%, menos o igual a un salario mínimo; y el 5,9%. un ingresos de cinco y más salarios básicos.

Según la investigación, apenas el 5,6% gana $ 1,168 mensuales; el 4,5%, entre 878 y 1.168 dólares; y el 27.8%, el salario tope de 292 dólares (ver gráfico 6).

Sobre el trabajo sexual, el 15,94% del colectivo, en algún momento, estuvo o está involucrado con actividades de trabajo sexual. El 37,6% de los contactos se hizo por Internet y el 11,4% en locales.

¿Quiénes conocen su orientación?

Según el INEC, los amigos son las personas que más conocen la orientación sexual en un 95%, seguido de los hermanos con el 81% y, quien más rechaza la orientación sexual de los hijos, es el padre (13%). Pero si bien los amigos lideran esta estadística, el 89% lo acepta totalmente, el 10% parcial y el 1% lo rechaza. En el caso de los hermanos, el 72% lo acepta, el 23% admite parcialmente y el 5% lo rechaza. La madre, en cambio, conoce la situación en el 77%, pero lo acepta totalmente en el 62%, el 29% parcial y el 9% lo rechaza.

Los hijos tienen un comportamiento diferente el momento en que se enteran que uno de sus padres tiene otra orientación sexual; el 38% lo sabe, pero de esa cifra, el 78% los acepta totalmente, el 14% admite parcialmente y el 8% lo rechaza, según el INEC.

De esto se deriva otra consecuencia en contra de este grupo humano. Del total de la población GLBTI entrevistada, el 70,9% reportó que vivieron alguna experiencia de discriminación en su entorno familiar, de esa cifra, el 72,1% sufrió algún tipo de experiencia de control, el 74,1% experimentó alguna imposición, el 65,9% sufrió rechazo y el 61,4%, violencia. El 33% fue prohibido de salir con otras personas, lo cual ha llevado a forzar matrimonios dentro del hogar (7,5%), a asistir a cultos religiosos (17%), y a vestirse de acuerdo a su sexo biológico (25,2%).

El sondeo determina que el 27% sufre amenazas de quitarle la custodia de sus hijos, y el 2,7% tiene presión de mantenerse en el matrimonio por los hijos.

También hay formas de imposición de vivir en el entorno familiar. Al 32,3% sus conocidos “le hacen sentir que debe ser más masculino o femenino”. Una de las prácticas es someterles a tratamientos hormonales para “cambiarles” contra su voluntad; les han obligado a dejar actividades o deportes que se consideran inapropiados; e impuesto un/a novio/a para que cambie; o les han impuesto citas con psicólogo, psiquiatra, cura o pastor para “curarle” o “cambiarle”.

Acudir a una clínica para un “tratamiento” es lo más común en el país y en muchos casos, son llevados con engaños y hasta impositivamente.

Sobre este problema en específico, la ministra Vance anunció que el portafolio a su cargo prepara una nueva normativa para que estos centros de salud se cierren por violaciones a los derechos humanos, no solo porque el supuesto tratamiento contra la homosexualidad es inconstitucional, sino porque presumiblemente en algunos de estos lugares, se practican “torturas” a los internos.

Otra forma de rechazo más recurrente que sufren las personas GLBTI es que “dejaron de hablarle uno o más familiares”, pero también les encerraron en un centro religioso, les obligaron a cambiar de domicilio e incluso de país, han sido excluidos de eventos religiosos y de reuniones familiares, expulsados de la casa y hasta les negaron recursos para su educación.

Respecto a las situaciones de violencia, el 35,3% del colectivo ha recibido gritos, insultos, amenazas y burlas; el 18,6% ha estado expuesto a golpes u otras agresiones físicas. Paralelamente, han experimentado daño o apropiación de sus pertenencias, acosos sexuales y relaciones sexuales obligadas.

En términos de discriminación el mayor porcentaje de eventos se suscitan en espacios públicos (55,8%), mientras que en exclusión estos se dan, en mayor medida, en espacios privados (71,4%); en tanto que la violencia se experimenta más en los espacios públicos con el 65,6% y en los privados con el 52,1%.