La ley de cine representa una conquista histórica de los cineastas del Ecuador. Alcanzar un mínimo nivel de organización para llegar al objetivo era necesario y para ello no hace falta estar de acuerdo en todo, tan solo en algo básico, como una idea fuerte que aglutine y movilice.

La ley era esperada desde la creación de Asocine, cuando moría la década de los setenta, pero ya no sería el siglo XX el que daría a luz una norma de fomento cinematográfico nacional, lo cual sintomatiza el retardo con el que hemos hecho nuestros aquellos mecanismos que permiten intercambios audiovisuales continuos en el mundo globalizado, sino cuando el cine cumplía más de cien años durante la primera década del nuevo milenio. Por eso había, y hay, que caminar mucho para recuperar el tiempo perdido y en ese afán han pasado 10 años desde el histórico primer paso. Llegamos a los balances de lo que significa esta década ganada para el cine ecuatoriano.

Durante 7 años estuve vinculado directamente con el proceso, pero antes de encontrarme en la dirección ejecutiva de la naciente entidad como responsable, junto a mi equipo de trabajo, de pasar del papel a la realidad, hermoso y duro desafío, tuve oportunidad de formar parte de los momentos de debate y gestación de la ley junto a compañeros que, espontáneamente, nos descubrimos dentro del “colectivo pro ley de cine.” Nos unía una sensación angustiante de vacío, urgencia y orfandad que se tradujo en militancia.

Un reguero de pequeños detalles y anécdotas orbitan como satélites en torno a esta historia, pero señalo como algo fundamental, en primer lugar, la coincidencia de la ley con el arribo a escena de un gobierno progresista y sanamente nacionalista. A mediados de los años noventa, por el contrario, luego de que el Congreso Nacional aprobase en dos debates una ley de cine, con el argumento de que el Estado no debía crecer sino reducirse, esta fue vetada por Durán Ballén sin otra explicación que aquella arbitraria tesis que caracteriza a los neoliberales. Durante mi primera entrevista, Gonzalo Ruiz me diría exactamente lo mismo: ¿para qué se incrementa la burocracia? ¿Cuánto le cuesta al Estado? En el futuro no recibiría otras invitaciones de su parte. Tras breves cinco minutos de conversación sobre el tema, sin abordar nunca los potenciales beneficios, desafíos o razones reforzaría una certeza personal que me enfrentaba a aquella corriente de pensamiento resumida por el argentino López Murphy, ex ministro de Finanzas de Menem, quien se preguntaba “¿para qué hacer cine nacional si los americanos lo hacen tan bien?”. Por ello debíamos demostrar resultados rápido para producir un efecto de apropiación de la ley por parte de la ciudadanía. La coincidencia —aunque se dice que estas no existen— con el ciclo político que ha transformado la gestión pública del país nos ha permitido contar 10 años de continuidad y hay que entender que la persistencia en la aplicación de una política pública significa eso: certeza, previsibilidad, posibilidad de crear una tendencia en el mediano y largo plazo.

He repetido mucho que, sumado a las políticas públicas, los factores en los que se asienta el trípode de la primavera audiovisual ecuatoriana han sido el talento creativo, responsabilidad y dedicación de los cineastas nacionales así como la revolución de las tecnologías digitales, que han democratizado el acceso y la producción. Sin embargo, la chispa que enciende el mechero es el fomento entendido como política de Estado. La tecnología y el talento, sin recursos y sin políticas, se ahogan y mueren por desuso, asfixia o agotamiento.

Frente a ello algunos dicen que, luego de estos años, la producción nacional ha desarrollado una “excesiva” dependencia del CnCine, como una especie de sumisión al Estado lo cual resulta sintomático de una contradictoria personalidad nacional (mal)acostumbrada a la discontinuidad y la vuelta a cero cada tanto: malo si sí, malo si no. Tras comparar nuestra experiencia con la de otros países de la región y el mundo es fácil ver que, sin políticas de fomento y recursos públicos, la producción nacional no podría subsistir ¿Debemos siempre inventar el agua tibia?

Los hitos

Desde una perspectiva ligada a esta experiencia y haciendo una pausa que provoque una mirada retrospectiva sobre estos años encuentro los siguientes hitos, conceptuales y fácticos antes que cuantitativos, en el camino (queda pendiente la lista de los retos):

1. Organización de los fondos concursables del Cncine

2007 fue, sin duda, un año particularmente duro y clave, aquel en el que se corría el riesgo de que la ley quedase como letra muerta si no se daban los pasos necesarios. El antídoto era organizar y llevar adelante la primera convocatoria de fondos concursables para el fomento cinematográfico. Las bases y categorías, así como la metodología general diseñadas para estas, serían determinantes pues, a partir de esa primera experiencia, se definiría la mecánica que persiste hasta el día de hoy. Se han hecho variaciones pero su estructura es fundamentalmente la misma mediante el pitching de proyectos. Influyente y bien pensado el dispositivo del fondo concursable sería luego adoptado por el propio Ministerio de Cultura y algunos gobiernos locales.

2. Incorporación de Ecuador al Programa Ibermedia

Después de la Ley de Cine, la segunda prioridad en la lista de deberes del cine nacional era incorporarse al Programa Ibermedia. Irónicamente Ecuador tenía una silla reservada en ese espacio desde su creación pues había firmado los acuerdos fundadores de 1989 en la ciudad de Caracas. Sin embargo, nunca había asistido a las reuniones del organismo que acoge el programa, la C.A.C.I (Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica) porque, para ello, debía aportar una cuota anual. Tal aporte, de $ 100 mil, se concretaría por primera vez en 2008, año en el que, además, se organiza también por primera vez una reunión del ente en Ecuador. A partir de entonces Ibermedia ha aportado algo más de 2 millones de dólares al cine ecuatoriano. El espíritu del Programa consiste en reducir asimetrías entre las cinematografías de la región lo cual significa multiplicar por dos y hasta por tres el aporte entregado.

3. La integración regional y la soberanía audiovisual

Una vez que los cineastas ecuatorianos hicieron suya la práctica de la coproducción, una experiencia ajena, lejana y extraña durante décadas, la cual deviene en rutina, era necesario que el país se sume a los procesos de construcción de la integración regional a través de la cultura. En el ámbito institucional el sector audiovisual es una punta de lanza tanto por su mejor nivel organizativo como por sus características de penetración masiva. Ecuador se incorpora activamente en esta dinámica y enarbola el discurso de la soberanía audiovisual.

4. Fortalecimiento institucional y ruptura de la discontinuidad

El impulso general a la gestión pública posible durante este período político genera las condiciones para forjar una entidad que llegaba con el objetivo de diferenciarse en el fondo y en la forma de la vieja institucionalidad cultural del Ecuador, especialmente de la Casa de la Cultura con el usual conflicto de intereses de sus directivos. Bautizado Cncine, para diferenciarlo también de los Conacine de Perú y Bolivia, la creación del organismo es, en sí mismo, un hito de estos 10 años pues nace con el fin exclusivo del fomento cinematográfico y audiovisual lo cual permite romper el ciclo de la intermitencia y lo que ello había significado. Desde entonces se propone la evolución del Cncine en el Instituto Ecuatoriano del Cine y el Audiovisual.

5. El documental como disparador de la memoria nacional

La realización del documental político, y muy especialmente de Con mi corazón en Yambo, marca el fin de un ciclo, abierto en su momento por Ratas, ratones y rateros, y el inicio de otro de implicaciones profundas y novedosas con audiencias masivas a las cuales otros discursos sobre la memoria no habían conseguido alcanzar en esa escala. El hecho de que la realización de esta obra se haga posible gracias a mecanismos de ayuda pública porta connotaciones simbólicas definitivas para un Estado que, en su momento, había sido usado para cometer un execrable crimen.

6. Visibilidad internacional del talento ecuatoriano

Ecuador se convierte en un jugador internacionalmente visible no solo en el ámbito institucional sino, fundamentalmente, con su talento artístico al participar y ganar varios y repetidos premios en festivales de la región y del mundo. Por usar un símil del fútbol: con la Ley de Cine Ecuador pasa a jugar la Copa Libertadores todos los años.

7. Creación de la categoría comunitaria y apertura a la diversidad

Prontamente se toma conciencia de la necesidad de responder de manera distinta a las necesidades de la producción audiovisual de pueblos y nacionalidades del Ecuador. La creación de la categoría de fomento de la producción audiovisual comunitaria busca ser esa respuesta pues entiende que la cosmovisión andina propone una creación de carácter colectivo y social que pone en duda el concepto occidental de “autor” y hace énfasis en aspectos vinculados a la comunicación más que a la industria del entretenimiento.

8. Protección del patrimonio fílmico

El rescate del patrimonio cinematográfico y audiovisual presenta cuentas pendientes, sin embargo el salvamento del fondo Tramontana y la adquisición de un escáner para la Cinemateca Nacional, con el cual se puede digitalizar el acervo fílmico nacional, entre otras actividades, mejorarían ostensiblemente la situación del sector.

9. Profesionalización del sector y producción de calidad

La ley tendría impacto directo en las prácticas profesionales del sector que, aunque precarias todavía, rompen con la informalidad casi absoluta que lo había caracterizado. Esta nueva presencia, traducida en una producción de calidad, tendría impacto, a su vez, en la discusión de otras leyes tales como la Ley de Comunicación pues genera un espacio en la misma en favor de la producción nacional independiente que se consagra en las cuotas de pantalla, concepto que no había estado presente en el Ecuador hasta ese momento.

10. Respeto a la libertad creativa

Un aspecto central de las convocatorias de estos años, asentadas sobre claros principios meritocráticos y de transparencia, es el respeto y fomento de la libertad creativa de los cineastas ecuatorianos. Los temas son libres y los jurados, diferentes cada año, deciden sobre las fortalezas, características así como por la viabilidad de cada proyecto independientemente de su contenido y de quien sea su proponente. Es la base de un sistema democrático que, con las debidas discusiones y debates, desde un inicio generó confianza en los participantes, protagonistas de la primavera audiovisual del Ecuador.