El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) presentó a la Asamblea una propuesta de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Entre las ideas está el extender el pago de las pensiones alimenticias hasta los 24 o 25 años, en lugar de los 21, como sucede en la actualidad.

El objetivo gubernamental es garantizar el derecho a la educación universitaria y se aplicaría solamente en caso de que se verifique que la hija o el hijo en cuestión sean alumnos de un plantel de ese nivel de enseñanza.

A pocas horas de conocerse la idea, aparecieron en redes sociales mensajes en contra, con argumentos como que la propuesta generará ciudadanos perezosos o que los chicos deben aprender a valerse por sí mismos desde temprana edad.

Sobre el tema, cabe preguntarse si los padres de hogares funcionales que mantienen a sus hijos hasta que terminan la universidad -e incluso cuando cursan un posgrado- están maleducándolos, como ocurriría en el futuro, según los críticos, con quienes recibieran la pensión hasta después de terminada la adolescencia.

Y si bien todo el mundo en las sociedades en las que impera la democracia tienen derecho a dar su opinión y la internet ha potenciado la posibilidad de expresarnos, es necesario conocer bien las propuestas y estar dispuestos a escuchar los argumentos a favor, antes de destruirlas.

No es el único caso. Críticas inmediatas y casi irreflexivas han caído ante la sola mención de propuestas para que todos los integrantes del sistema de seguridad social del país aportemos para evitar su debacle.

La sola mención de elevar las aportaciones o el tiempo de afiliación ha generado un “no” rotundo. A nadie se le ocurre plantear, por ejemplo, que en lugar de aumentar tal o cual porcentaje del salario en las aportaciones, haya un incremento, pero menor; o que en lugar de cinco años más de afiliación, sean dos o tres más los años necesarios para jubilarse. Todo se remite a negarse a cualquier modificación que implique que nosotros cambiemos. (O)