Con un presupuesto cada vez mayor y eximidas del precepto de austeridad que proclama el gobierno, las Fuerzas Armadas de México llevan una década como sector protegido. Desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, en diciembre de 2006, los militares se transformaron en actor central, situación que los mantiene alejados de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.  

Entre 2006 y 2012, el expresidente Felipe Calderón desplegó tropas en el país, asignándoles tareas de seguridad interna que antes solo cumplían en ocasiones extraordinarias. De marcado perfil militarista, el mandatario que llegó a utilizar uniforme verde olivo en eventos públicos, incrementó el presupuesto castrense en más del 100%. Durante su gestión la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina Armada (Semar) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam) pasaron de recibir 37.740 millones a 76.300 millones de pesos mexicanos, un gasto mayor al que se destinó para educación en el mismo período.

Además, el Estado destinó otros $ 2.000 millones que otorgó EE.UU. como parte de la “Iniciativa Mérida”.

Comprar armamento y modernizar las FF.AA. fueron las prioridades de Calderón. Además incrementó los salarios del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina un 120%, en promedio. Así, los soldados rasos pasaron a percibir cerca de $ 526 cada mes. Eso representa más del cuádruple del sueldo de un trabajador, cuyo salario mínimo es de $ 115.

Sin embargo, los militares mexicanos no están exentos de uno de los principales problemas del país: la desigualdad. Soldados, cabos, sargentos, subtenientes y tenientes ganan entre $ 526 y $ 842,  mientras que generales de brigada, de división y brigadieres reciben  un salario ubicado entre $ 4.421 y 6.421. Quien arriesga la vida en zonas dominadas por el narcotráfico tendrá un pago ínfimo en comparación con el jugoso sueldo de los jefes máximos de Sedena y Semar, Salvador Cienfuegos y Francisco Soberón, respectivamente, quienes cada mes cobran 12.263 entre sueldo, prestaciones, seguro de vida institucional y bono por trabajar en situación de riesgo.

Aún con los pagos desiguales y pese a los riesgos que implica la violencia generalizada, incorporarse a las fuerzas de seguridad resulta atractivo para miles de personas. En un país donde el 46% de la población vive en la pobreza, transformarse en policía o militar representa una buena opción porque se trata de un empleo seguro que implica prestaciones ampliamente mejores que otras profesiones.

Los integrantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea cuentan con viviendas, seguros de vida y de retiro, préstamos hipotecarios, servicios turísticos que incluyen un hotel propio y convenios con 45 cadenas hoteleras, becas de estudio para efectivos -sean activos o retirados- y para sus hijos la misma cobertura al 100%.

Además gozan de atención médica integral con acceso a especialistas, cirugías, urgencias, rehabilitación y un amplio abanico de prestaciones para ellos y sus familias.

En caso de muerte, el Issfam presta ayuda para sepelio, cuenta con cementerios propios, pagos por defunción y pensiones  para la familia de un militar que fallezca en el ejercicio del deber.

El actual presidente, Enrique Peña Nieto, mantiene la militarización del país y por ende la protección al sector castrense. Pese a la crisis económica y el precepto de austeridad enunciado en el presupuesto del año en curso, su gobierno aumentó los recursos para las dependencias militares: el 1,4% más para Sedena, que recibe 72.250 millones de pesos mexicanos y un incremento similar para Semar, a la cual se destinan 27.401 millones de pesos mexicanos.

Además, a fines del año el Estado adquirió 80 aeronaves, 12 embarcaciones, 49 vehículos operativos y 123 de transporte de personal.

México cuenta con cerca de 270.000 soldados en activo. De ese universo 7.000 se han incorporado en los últimos cuatro año. Es decir que hay un uniformado por cada 451 habitantes cuando en China, país más poblado y con el mayor Ejército del mundo, el promedio es de 586 civiles por cada soldado.

En 2007, apenas iniciada la militarización contra el narcotráfico, las FF.AA. mexicanas sufrieron los más altos índices de deserción con 16.641 bajas voluntarias. Gracias a los aumentos en salarios y prestaciones, que siguen en ascenso con el actual gobierno, durante 2015 los desertores fueron apenas 1.032.

Pero una mancha de desprestigio se extiende sobre los uniformados. Desde que participan en tareas de vigilancia y seguridad interna, se acumulan denuncias sobre violaciones graves a los derechos humanos. Los supuestos garantes de la paz están bajo sospecha por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas.

Entre 2006 y 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió al menos 9.000 denuncias de abusos cometidos por integrantes del Ejército -1.700 de ellas en el actual gobierno- y emitió al menos 100 informes en los cuales determinó que personal de esa fuerza incurrió en violaciones graves a los derechos humanos. (I)

HISTORIAL

En 2014, el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que se producían en México “un número alarmante” de asesinatos ilegales por parte de las fuerzas de seguridad. Como ejemplo está la masacre de Tlatlaya, una presunta ejecución de 22 jóvenes. Los cuerpos fueron encontrados en una bodega del Estado de México.

El siguiente año, la ONU denunció que el país sufría un “contexto generalizado” de desapariciones, con al menos 26.000 casos registrados entre 2007 y 2015, muchos de ellos con características de “desaparición forzada”, es decir perpetradas por agentes del Estado.

Por decenas se cuentan los ejemplos de hombres y mujeres desaparecidos después de ser detenidos en retenes y aún no se ha esclarecido el papel del 27 Batallón de Infantería en la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala.

El año paso, la ONU concluyó que “la tortura es generalizada en México” porque es común que se practique para obtener información y confesiones bajo coacción. Militares de diversas fuerzas están bajo sospecha de torturar a civiles valiéndose de electricidad, violaciones”.

En los últimos cuatro años se incorporaron a las filas militares al menos 7.000 jóvenes.