Brasil posee las Fuerzas Armadas más grandes de América Latina: 340.000 soldados activos. Tiene además el ejército más populoso de la región: 270.000 hombres.

Es el undécimo país del mundo y el primero en América Latina en lo que se refiere al volumen en dinero del gasto militar, de acuerdo al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

Los militares, una vez pasados los 30 años de servicio, pasan a la reserva y después de los 65 años se convierten en “reformados”. En todos los casos, los retirados siguen recibiendo el salario como si estuvieran activos, ya que no existe un pago del Estado por el fin del trabajo activo.

Existe otra conquista que data de inicios del siglo XX que es resistida por el poder político civil: el pago de una pensión para las hijas mujeres de los militares fallecidos, sea o no en servicio.

El beneficio terminó en 2000 pero seguirá hasta que mueran las actuales beneficiarias. Son 185.000 mujeres solteras que se llevan el 27% del total del dinero de pensiones por invalidez o viudez en Brasil.  

Ningún gobierno, ni el más popular como el de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), logró torcer el brazo de la clase militar. “No existe un sistema de jubilaciones para los militares de las Fuerzas Armadas en Brasil”, explicó a EL TELÉGRAFO un portavoz del Ministerio de Defensa.

Por eso hay un debate que dura décadas sobre si los militares deben ser tratados como los empleados públicos de las empresas estatales, que son elegidos por concurso, tienen salarios mayores y luego reciben una jubilación proporcional. El pago de los militares en reserva lo asume el Tesoro de Brasil.

En términos políticos, los exmilitares, llamados de ‘reformados’, agrupados en el Club Militar de Río de Janeiro, se han opuesto abiertamente a los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) desde 2003. Incluso, cuando la presidenta Dilma Rousseff, quien fuera detenida por  la dictadura militar, asumió en 2010, fue recibida por el Club Militar con un comunicado de reivindicación del golpe de Estado de 1964 que implementó un régimen de facto hasta 1985.

Los actuales comandantes militares sufrieron críticas por parte de la tropa retirada al no rebelarse contra la Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes de la dictadura. Y es que una ley de 1979 les impide ser juzgados por delitos de lesa humanidad, como torturas, desapariciones, asesinatos y robos.

El 72% del presupuesto de Defensa, en Brasil, lo consume el pago de salarios, de acuerdo al Ministerio del ramo. Los mayores salarios, en el presupuesto de 2015, alcanzaron el equivalente a $ 4.500. El presupuesto de Defensa de Brasil se mantuvo en promedio, desde 2003 hasta 2014, en torno al 1,5% del Producto Interno Bruto.

El actual ministro de Defensa, Aldo Rebelo, es miembro del Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Es el primer comunista en dirigir a un grupo que en 1964 dio un golpe de Estado precisamente bajo el argumento de frenar la ola comunista en la región.

Viejas prerrogativas

Los militares brasileños mantienen las prerrogativas obtenidas durante el largo período de la dictadura, como el régimen que los excluye de las jubilaciones tradicionales y un aporte de apenas 6% de su salario para el Tesoro.

Como actividades laterales, las Fuerzas Armadas de Brasil poseen empresas vinculadas. Desde la época de la dictadura, en 1980, el Ejército está vinculado a la Fundación Habitacional (FHI), que otorga créditos y financiamiento inmobiliario para sus miembros.

El Ejército posee centenares de cuarteles diseminados por el país, aunque ahora su prioridad dejó de ser el sur (foco de conflicto pasado con Argentina) y se concentra en la fuerza de acción rápida de la Amazonía. Además, fue desde 2004 hasta la actualidad el comando de la Minustah, la fuerza de la ONU que se desplegó en Haití.

La Fuerza Aérea, por ejemplo, posee 10 hospitales y una universidad, además de sus 19 bases. La Marina administra, fuera de su órbita natural, dos empresas: Emgepron, de Ingeniería Naval y Amazonía Azul, encargada del desarrollo de la política de defensa de las riquezas submarinas en el litoral atlántico, como los megayacimientos petrolíferos de la capa geológica pre-sal, que han convertido a Brasil en una potencia petrolera.

En términos de equipamiento, las mayores Fuerzas Armadas de América Latina están reformando su arsenal: la marina brasileña, por ejemplo, desarrolla hasta 2025 el programa de submarinos, uno de ellos a propulsión nuclear, en sociedad con Francia. El objetivo es proteger la costa atlántica con reacción rápida.

El otro gran paso que dio Brasil a partir de 2013 en Defensa fue la  compra de 36 cazas a la empresa sueca Saab con transferencia de tecnología para desarrollarse  en fábricas nacionales.

Brasil desarrollará el caza Gripen a un costo de $ 4.500 millones, un avión que derrotó a los franceses de Dassault y a los F-15 de Boeing. También desarrolla el llamado ‘carguero nacional’, un KC-30, en sociedad con Argentina, Portugal y República Checa.

Además unos 220.000 soldados fueron desplazados el sábado pasado para limpiar focos de reproducción del mosquito que causa el dengue, zika y chikungunya, por orden de la presidenta Dilma Rousseff. (I)

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La CIDH falló a favor de demandante

CorteIDH resuelve caso de militar separado en 2002

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) iniciará hoy su periodo de audiencias de este año. La etapa se abre con la presentación del caso “Flor Freire contra Ecuador”, relacionado con la separación de su cargo en 2002 del entonces Teniente del Ejército Homero F.

El despido se efectuó, “con base en el Reglamento de Disciplina Militar, vigente en aquella época, que supuestamente sancionaba con la separación del servicio los actos sexuales entre personas del mismo sexo”, señala un comunicado de la entidad internacional.

Anteriormente, este caso ya fue tramitado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el exoficial a través de sus abogados expuso que las autoridades de la justicia militar ecuatorianas iniciaron un proceso disciplinario, el cual estableció su responsabilidad por un acto calificado como “mala conducta profesional”. Eso trajo como consecuencia que fuera puesto en situación de disponibilidad por 6 meses y posteriormente dado de baja y separado definitivamente. Supuestamente, “todo se basó en prejuicios que revelan una práctica discriminatoria consagrada en la legislación militar, basada en la orientación sexual de sus miembros”.

Los peticionarios señalaron que Homero F. no es homosexual. No obstante, aducen que la acción del Ejército tuvo el efecto de conculcar varios de sus derechos con motivo del procedimiento iniciado en su contra.

La Comisión en 2014 concluyó que el Estado debe reparar integralmente al oficial cesado, tanto en el aspecto material como moral, incluyendo medidas de satisfacción por los daños ocasionados; también reconocer públicamente que  fue dado de baja de manera discriminatoria, además adoptar las medidas necesarias para asegurar que las personas que se desempeñan dentro de la Fuerza Terrestre o cualquier dependencia del Ejército ecuatoriano no sean discriminadas con base en su orientación sexual, real o percibida.

La Comisión recomendó que este caso sea tratado en la CorteIDH, cuyos dictámenes son vinculantes para Ecuador.

A la audiencia de hoy está previsto que asista el exoficial, así como los abogados del Estado designados por la Procuraduría, luego de lo cual los 7 jueces que componen la entidad sentenciarán y determinarán si el país debe entregar una indemnización.

La ministra de Justicia (e), Alexandra Jaramillo, indicó que la entidad que preside es la encargada de cumplir con las sentencias emanadas de la CorteIDH, por lo que en este caso  se pronunciarán una vez que tengan la decisión oficial. (I)

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Otro colectivo pide destitución

Militares en servicio pasivo siguen en 'vigilia'

Militares en servicio pasivo aseguraron que se mantendrán vigilantes ante la problemática que surgió entre el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador (Issfa) y el Ministerio del Ambiente por un exceso de $ 41 millones en la compra de los 66 lotes de terreno en Samanes, en Guayaquil.

Así lo expresaron ayer durante un plantón en los exteriores del Ministerio de Defensa, en Quito. Allí aseguraron que seguirán movilizándose para exigir  respeto a sus patrimonios construidos mediante aportes a la seguridad social durante 25 y 40 años de servicio militar.

“Nos mantendremos vigilantes hasta que a través de un juez esto se dirima. No decaigamos en esta lucha”, expresó el presidente de la Unidad Nacional de Combatientes del Ecuador, José Jumbo. Aclaró que no buscan protagonismo político mientras sus compañeros pedían a gritos la salida del ministro de Defensa, Fernando Cordero.

No obstante, para el personal de tropa como Francisco Sarzosa, la finalidad es que el presidente Rafael Correa cumpla con el anunciado y posible “ajuste de pensiones”, debido a la gran diferencia que existe entre los montos que reciben los oficiales y los de la tropa. “Se debatió que se quite lo de general y coronel porque en este momento es un grupo de pensionistas y en vez de dividir debemos sumar por el bien común”, dijo.

Por otro lado, representantes de los colectivos País Libre, Acción Ciudadana y Unidad Ciudadana se acercaron al Comando Conjunto para solicitar su apoyo en la petición que realizaron a la presidenta de la Asamblea para que inicie un proceso de destitución del Presidente. (I)