Las diferencias son evidentes. Mientras los ciudadanos chilenos comunes y corrientes suelen jubilarse a los 60 años en el caso de las mujeres y a los 65 años en el de los hombres, el personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se retira a los 53 años en promedio.

Además, los beneficios sociales son más altos para los militares. Fue un mecanismo implementado en su momento por el régimen de Augusto Pinochet (1973 y 1990). En contraste, las pensiones para el resto de los chilenos son menores.

En los barrios más acomodados de Santiago no es extraño ver casas de lujos que son la gran aspiración de los chilenos de clase media. Son viviendas que no pertenecen precisamente a empresarios, sino a exaltos mandos de las FF.AA.  

Parte de la vida que, en general, tiene el personal militar en retiro -ya sea del Ejército, la Armada o  Fuerza Aérea- se explica por una serie de beneficios sociales, especialmente los que tienen que ver con las remuneraciones una vez que se jubilan.

La propia Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) informó, en cumplimiento de la Ley de Transparencia que rige en el país, que el promedio de las pensiones que reciben los oficiales de las FF.AA. supera los $ 2.285 mensuales. A su vez, los suboficiales reciben alrededor de $ 930.

Si estas cifras se comparan con lo que percibe el resto de los ciudadanos chilenos el contraste es grande. En promedio las jubilaciones del sistema de las seis Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que operan en el sistema privado entregan solo un promedio de $ 270 al mes, es decir casi $ 2.000 menos.  Eso perciben alrededor de 1’000.000 de personas que se encuentran jubiladas en Chile.

De acuerdo con información entregada por Capredena, los oficiales del Ejército que se jubilaron desde 2012 en adelante perciben una pensión mensual promedio de $ 2.150, los de la Armada $ 2.430 y los de la Fuerza Aérea $ 2.350.

A su vez, los suboficiales, es decir los mandos medios, que se retiran del Ejército pueden llegar a recibir una pensión en el Ejército de alrededor de $ 1.000, los de la Armada $ 900 y los de la Fuerza Aérea $ 950.

Pero a esto deben sumarse otros beneficios como la atención hospitalaria en recintos médicos militares especiales, centros de recreación, deportivos y vacacionales.

Todo este sistema fue profundizado en 1980 por Augusto Pinochet, algo que ha generado diferencias de hasta cinco veces entre las pensiones de militares versus la del resto de los civiles.

Aunque los militares suelen ingresar a los 18 años, incluso antes a las FF.AA., se retiran de manera más anticipada que el resto de los ciudadanos con beneficios sociales más altos. De esta manera, en Chile se da el caso de que los civiles pueden jubilarse tras 35 o 40 años de servicio, un militar puede hacerlo tras apenas 20 años.

Según cifras entregadas por el gobierno de Michelle Bachelet, si en  2013 el gasto del Sistema de Pensiones Solidarias del esquema de capitalización individual era el 0,7% del PIB (alrededor de $ 2.000 millones), el de las FF.AA. significó un alto costo fiscal de 0,9% del PIB, es decir, cerca de $ 2.390 millones.

Los ciudadanos chilenos perciben la brecha entre la seguridad social de civiles y militares. Por eso en septiembre pasado una comisión creada por el gobierno planteó llevar a las Fuerzas Armadas al sistema de capitalización individual, que gestionan las administradoras de fondos privados y a las que se adscriben los civiles.

El documento que le fue entregado ese mes a la presidenta Michelle Bachelet estipula que “la comisión estima que las FF.AA., Carabineros (policía), Policía de Investigaciones, Gendarmería (personal de las cárceles) y los asimilados en general deberían tener igual trato de incorporación y cotizaciones que el resto de los trabajadores”.

Este informe, visto por ahora como una propuesta en debate, alude a que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estipula que la igualdad de trato es un principio guía de la seguridad social. (I)

DATOS

Tras 26 años, Chile reinició la conducción de inspecciones antárticas a estaciones y bases extranjeras en el continente en base al Tratado Antártico y de su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente.

Según una nota difundida en la página de la Cancillería de ese país, desde el pasado 15 el país reasumió esta tarea desde la última vez, en 1990.

Las inspecciones se llevan a cabo en bases y refugios ubicados en las islas Shetland del Sur, donde se concentran la mayor cantidad de estaciones antárticas extranjeras y constituyen un procedimiento de verificación para garantizar la transparencia de estas actividades y el cumplimiento de las normas establecidas.

Chile asumió la labor de forma conjunta con Argentina en respuesta a un acuerdo alcanzado en materia de política antártica en 2015. El informe de las inspecciones se presentará en la XIXXX Reunión Consultiva del Tratado Antártico, con sede en el país del 23 de mayo al 1 de junio 2016. (I)