Son de extrema gravedad los actos de espionaje llevados a cabo por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos contra los Jefes de Estado de Brasil y México. Nada, absolutamente nada puede justificar la interceptación de llamadas telefónicas y la invasión de la correspondencia confidencial de los presidentes de países amigos, pues hiere su soberanía y viola los principios más elementales de la legalidad internacional. Y resulta más grave aún que importantes autoridades estadounidenses hayan querido legitimar dicha agresión argumentando que Estados Unidos estaba “protegiendo” los intereses de nuestros países.

A medida que la verdad se va revelando, se hace más evidente que, en el caso de Brasil, además de la presidenta Dilma Rousseff, Petrobrás, nuestra empresa petrolera, también fue espiada por la NSA, lo que desmiente las supuestas -y ya de por sí inadmisibles- razones de seguridad.

La inaceptable injerencia en los asuntos internos de Brasil y las falsas razones manifestadas provocaron la indignación de la sociedad y del Gobierno brasileños. Rousseff ya cuestionó directamente al presidente Barack Obama sobre el problema y espera una respuesta convincente, que se corresponda con su gravedad.

El Gobierno brasileño está manejando el caso con la madurez y el sentido de responsabilidad que caracterizan a Rousseff y nuestra diplomacia; pero no se puede subestimar el impacto que pudiera tener si no se resuelve de manera apropiada en las relaciones Brasil-Estados Unidos.

Basta con imaginarse el escándalo y la conmoción que habría en Estados Unidos si algún país amigo interceptara ilegalmente, bajo cualquier pretexto, las llamadas telefónicas y la correspondencia confidencial de su presidente.

¿Por qué un país como Estados Unidos, justo defensor de su democracia y legalidad internas, ofende la democracia y la legalidad de otros países? ¿Por qué piensan las autoridades estadounidenses que pueden y principalmente deben actuar de modo tan insensato contra un país amigo? ¿Qué les hace creer que no existe ningún inconveniente moral o político en irrespetar al jefe de Estado, las instituciones y las empresas de Brasil o de cualquier otro país democrático?

Hoy día los países que están fuera del Grupo de los Ocho representan nada menos que el 70% de la población y el 60% de la economía mundialY lo más inexplicable es que esa flagrante ofensa a la soberanía y a la democracia brasileñas tiene lugar en un momento de excelentes relaciones bilaterales. A lo largo de la historia, Brasil siempre le ha dado gran importancia a sus relaciones con Estados Unidos. En los últimos diez años hemos trabajado activamente y con buenos resultados para ampliar aún más la interacción económica y política de Brasil con Estados Unidos. Hemos sostenido un amplio diálogo institucional y personal con sus gobernantes. Le hemos apostado a una alianza realmente estratégica entre ambos países, basada en intereses comunes, sin perjuicio de nuestros esfuerzos en pro de la integración de América Latina y de un mayor intercambio con África, Europa y Asia.

Para ello no vacilamos en enfrentar la desconfianza y el escepticismo de amplios sectores de la opinión pública brasileña, aún traumatizados por la participación directa del gobierno estadounidense en el golpe de Estado de 1964 y su permanente apoyo a la dictadura militar (así como a otras dictaduras militares del continente). Nunca hemos dudado que profundizar el diálogo y fortalecer los lazos económicos y diplomáticos con Estados Unidos es la mejor manera de ayudarles a voltear esa página sombría de las relaciones interamericanas y abandonar su política de injerencia autoritaria y antipopular en la región.

En el episodio actual, si ambos países quieren preservar todo lo que han avanzado en las relaciones bilaterales en las décadas recientes, cabe a los Estados Unidos dar una explicación creíble y presentar un pedido de disculpas. Más que eso: se impone un decidido cambio de actitud, y que pongan fin a dichas prácticas abusivas.

Estados Unidos debe comprender que la deseable alianza estratégica entre los dos países no puede basarse en la actitud conspirativa de una de las partes. Las conductas ilegales y ofensivas ciertamente no contribuyen a construir una confianza duradera entre nuestros pueblos y gobiernos.

Por otro lado, un incidente como este demuestra claramente el agotamiento del actual gobierno mundial, cuyas instituciones y decisiones son a menudo ignoradas por países que confunden sus intereses particulares con los intereses de toda la comunidad internacional. Demuestra que es más urgente que nunca superar el unilateralismo, ya sea de Estados Unidos o de cualquier otro país, y crear instituciones multilaterales auténticas, capaces de gobernar el planeta con base en el derecho internacional y no en la ley del más fuerte.

El mundo de hoy, como todos saben, es muy distinto al que emergió de la Segunda Guerra Mundial. Además del proceso de descolonización en África y Asia, diversos países del sur se industrializaron y modernizaron, a la vez que experimentaron importantes avances sociales, culturales y tecnológicos. De ese modo, adquirieron un peso mucho mayor en la arena internacional. Hoy día los países que están fuera del Grupo de los Ocho representan nada menos que el 70% de la población y el 60% de la economía mundial. Sin embargo, el orden político internacional continúa siendo tan monopolizado y restringente como al inicio de la guerra fría.

La mayoría de los países está excluida de los verdaderos espacios de decisión. Es injustificable, por ejemplo, que África y América Latina no tengan ningún miembro permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O que la India no esté en él. El gobierno global debe reflejar el mundo contemporáneo. El Consejo de Seguridad sólo será verdaderamente legítimo y democrático -y acatado por todos- cuando las diversas regiones del mundo estén representadas en él y sus miembros defiendan no solo sus propios intereses geopolíticos y económicos, sino las aspiraciones de todos los pueblos por la paz, la democracia y el desarrollo.

Este episodio y otros semejantes traen a colación una cuestión crucial: la necesidad de que exista un gobierno democrático para internet, de modo que ésta sea cada vez más un terreno de libertad, creatividad y cooperación y no de espionaje.