Como un organismo autónomo con finalidad social y sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, el 1 de junio de 1995, se publicó en el Registro Oficial No. 707 La Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, en la cual se creó el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

De acuerdo a la norma, la seguridad social policial es un servicio público obligatorio, un derecho irrenunciable del profesional policial y se financia con el aporte equitativo del Estado, el patrono y el asegurado. Sus asegurados son: el policía en servicio activo, el pasivo o pensionista, los derechohabientes y dependientes del policía. Entre todos bordean los 72.000.

El Consejo Directivo es la máxima instancia del Isspol y su responsabilidad es garantizar al policía y su familia protección integral; atender las necesidades fundamentales y brindar asistencia y protección a los más necesitados. Pero esto no se ha cumplido del 2015 al 2018 y sus afiliados se sienten traicionados al conocer que sus recursos han sido mal manejados.

La propia ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció este caso, el pasado 2 de junio, a la Fiscalía General, que inició una investigación por un perjuicio de alrededor de $ 26 millones, a los afiliados del Isspol. Según la denuncia, las autoridades de esa institución compraron terrenos para construir viviendas para los socios.

Pero con sobreprecios escandalosos: por ejemplo, un terreno fue adquirido en el 2015 en Uyumbicho, cantón Mejía, por un valor de $ 14 millones, cuando su valor real en el mercado es de $ 500 mil. Lo mismo ocurrió en Pascuales, y ciudad Olimpo, así como en varias operaciones crediticias, que fueron confirmadas por la Superintendencia de Bancos.

En esta ocasión, los policías que combaten día a día el delito son las víctimas de esa estafa, mientras los responsables son un grupo de malos excompañeros. Es otra muestra de lo que hemos visto en el último mes: la corrupción está enquistada en todas partes y que ahora corresponde denunciar toda irregularidad, venga de donde venga, todo con un objetivo: evitar la impunidad y sancionar a los corruptos. (O)