Delincuencia organizada. Eso dijo la fiscal Diana Salazar sobre los casos de carnés falsificados durante su comparecencia a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, este viernes.

Esos casos salieron a luz pública después del accidente de la avioneta de Daniel Salcedo, procesado por fraude procesal, peculado y lavado de activos, en la venta de insumos médicos con sobreprecio a los hospitales del IESS en medio de la pandemia. Él tenía un carné de discapacidad y quiso importar un auto de lujo por 100.000 dólares.

Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), de 2018 a 20219 se importaron 6.069 autos para personas que tienen carnés de discapacidad: el 91% son nuevos, el 9% usados y de estos últimos el 5% son de lujo. La exoneración tributaria fue de 66,21 millones de dólares, reveló la ex directora de la Senae y actual vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, en una comparecencia a la Comisión de la Salud de la Asamblea.

La Fiscalía indaga 68 casos de delincuencia organizada en la obtención de esos documentos, de ellos cuatro están en una misma investigación porque se trata de secretarios de Estado, asambleístas o jueces.

La Fiscal explicó que la emisión fraudulenta de estos documentos advierte la conformación de una estructura delictiva, a escala cantonal y provincial, con la participación de funcionarios públicos para cometer delitos aduaneros y tributarios. También incluye la participación de la empresa privada que ha promovido la obtención carnés para alcanzar ciertos beneficios, dijo.

En cambio, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dio cifras sobre el número de funcionarios que tienen esos carnés de discapacidad: 703 personas entre jueces, conjueces, agentes fiscales, notarios, defensores públicos, administrativos judiciales y de la Fiscalía poseen carnés de discapacidad. El Consejo espera que el Ministerio de Salud Pública remita la información para verificar si los carnés fueron obtenidos de manera legal o no.
La investigación determinará quiénes entregaron los carnés de discapacidad a personas que no tienen esa condición y se beneficiaron de ello.

Quizá estos casos de corrupción son considerados como los peores por los ciudadanos porque aprovecharse de la pandemia y de la discapacidad de otras personas, que necesitan los carnés, es imperdonable.