A veces hay mensajes políticos que no se entienden, que sorprenden, porque se supone que, por ejemplo, los asambleístas llegan a la función pública para servir al país, para trabajar por el bienestar de los ecuatorianos y no por motivaciones personales.

En los discursos se habla bastante de la lucha contra la corrupción que tanto daño ha causado a la sociedad, por ejemplo, como el pago de sobreprecios en las obras de infraestructura. Resulta que el fantasma de Odebrecht ha estado presente en las megaobras adjudicadas tras el pago de sobornos en nuestro país y en varias naciones del mundo.

Por eso era tan importante que en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se incluya la incautación de los bienes adquiridos como resultado de prácticas corruptas, especialmente en materia de contratación pública, que es el núcleo donde se han procesado los mayores casos de corrupción.

La incautación de bienes ya fue efectuada en un caso concreto de dos exbanqueros que se beneficiaron del feriado bancario, pero sus bienes pasaron a poder del Estado como una forma de resarcir lo que recibieron de los recursos fiscales para salvar sus instituciones.

El secretario Anticorrupción, Iván Granda, considera que la incautación de bienes permitiría mejores condiciones dentro de un proceso penal por corrupción y por eso el tema será analizado en el veto a las reformas al COIP que debe ser observado por el Presidente de la República en un plazo de 30 días, que concluirá el 19 de octubre. Existe también un proyecto de ley de Extinción de Dominio que será enviado a la Asamblea Nacional por la Vicepresidencia de la República.

Entonces no se entiende que en la Legislatura solo se hayan conseguido apenas 59 votos de los 70 que se necesitaban para que los bienes procedentes de la corrupción sean incautados. Debería haber un compromiso legislativo más serio con el país y que el discurso anticorrupción no solo sea expresado en las campañas electorales. (O)