En repetidas ocasiones el presidente Lenín Moreno ha recurrido en sus discursos a la frase: “Caiga quien caiga”, en relación al castigo de actos de corrupción. Esta se hace efectiva cuando funcionarios de anteriores gobiernos, funcionarios actuales, así como expresidentes son investigados por hechos de este tipo.

Lo más reciente son las detenciones del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, por el supuesto delito de tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos como pruebas para covid-19 y mascarillas. Mientras que al exmandatario Abdalá Bucaram, a quien en un allanamiento de la Fiscalía a su domicilio, este miércoles 3 de junio, se le encontró un arma y cajas con insumos médicos, se lo investiga por presunto peculado.

Bucaram gobernó apenas seis meses (1996-1997) a Ecuador y se mantuvo en el exilio por 20 años, en Panamá, porque fue acusado de corrupción y el Congreso ecuatoriano de ese entonces lo destituyó por “incapacidad mental”. Ahora es investigado por los contratos para la compra de insumos médicos en el Hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil.

Incluso la fiscal general, Diana Salazar, dijo que los insumos hallados en la vivienda del exmandatario coinciden con los adquiridos en la referida casa de salud. Los operativos de la madrugada de este miércoles estuvieron bajo la coordinación de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía.

En Guayaquil se ejecutaron 11 allanamientos que dejaron nueve detenidos; mientras que en Quito, se realizaron 12 con cinco detenciones.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, sostuvo que hay 45 investigaciones en curso durante la emergencia sanitaria. Un día antes, en la capital, fue detenido el jefe financiero del hospital psiquiátrico Julio Endara, por la destrucción de posibles documentos de contratos para la compra de mascarillas.

Mientras cientos de personas se han unido para ayudar a familias más pobres y vulnerables por la pandemia, otras solo buscan enriquecerse en medio del dolor y la tragedia que vive el país. (O)