Para la mayoría de nosotros, la democracia, independencia de funciones o libertad de expresión parecerían no incidir en nuestra vida. Sin embargo, la aplicación de ese sistema de gobierno influye de manera sustancial en lo que ocurre en el país, en nuestro trabajo, en las posibilidades de desarrollo de nuestros hijos e incluso en cómo nos relacionamos con quienes nos rodean.

Ahora mismo, Ecuador vive el efecto positivo de ese sistema hace tres años, en el que impera el diálogo y las bases de lo que se conoce como Estado de Derecho. Esto permite, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo no influya en las decisiones de la Justicia y que esta actúe de manera autónoma e independiente. Así se entiende que dos vicepresidentes del actual Gobierno hayan sido procesados judicialmente por actos que cometieron antes de integrarse al actual Gabinete.

Durante la década del expresidente Rafael Correa, hechos de este tipo resultaban imposibles. Ante el asomo de cualquier tipo de denuncia en contra de algún integrante del régimen pasado, todos sus miembros, con el ex mandatario a la cabeza, cerraban filas alrededor del denunciado. Además, no se dudaba en utilizar todos los recursos económicos y comunicacionales del Estado Central para defender al supuesto injuriado. El país se acostumbró a cadenas nacionales armadas para desacreditar, descalificar, incluso en términos personales, a los denunciantes. Esto afectó no solo a políticos o empresarios de oposición, líderes de organizaciones sociales, sindicalistas, sino a los periodistas de manera particular.

Hoy, quienes ejercen esa profesión tienen libertad para expresar sus ideas y las opiniones de sus entrevistados e investigar cualquier denuncia sobre cualquier persona o autoridad. A lo anterior se suma la decisión del actual Jefe de Estado de combatir la corrupción sin importar quién sea el implicado. Por todo ello, la Fuerza de Tarea Conjunta, creada por la Fiscalía, pudo actuar este miércoles, efectuar allanamientos, detener al prefecto del Guayas, a un expresidente, a un gerente de una empresa pública de Quito con el fin de esclarecer presuntas compras irregulares durante la actual emergencia.

Que este trabajo de la Justicia continúe hasta el final. (O)