La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), en el artículo 87, establece que las cuantías de los contratos complementarios no podrán exceder del 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal. Esto, al parecer, no habría sido observado por el ahora exgerente de la Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros de Quito (EPMTPQ), Rubén Lozano, por lo que la Contraloría ya entró a realizar auditorías.

La LOSNCP es de cumplimiento obligatorio para funcionarios públicos (de entes locales, seccionales o nacionales), al igual que lo es el artículo 85, el cual estipula que los contratos complementarios solo deben firmarse excepcionalmente, con el mismo contratista, sin licitación, siempre que se mantengan los precios del contrato original.

Durante la gestión de Rubén Lozano, quien desde el 13 de junio de 2014 hasta el 11 de enero de 2015 (7 meses) se desempeñó como gerente general de la EPMTPQ, se habría inobservado la normativa al momento de celebrar contratos complementarios.

Según Cristóbal Buendía, del Observatorio Ciudadano de Movilidad, organización privada que trabaja en temas de sociedad civil  hace 5 años, Lozano transgredió la ley al firmar, por ejemplo, el contrato complementario para la prestación del “Servicio de higiene y limpieza del equipo móvil e infraestructura de la EPMTPQ”, con la empresa SIAVA Compañía Limitada.

El trabajo de SIAVA consiste en la desinfección y limpieza rutinaria, básica y profunda de oficinas administrativas, talleres, segmentos especiales, unidades móviles, paradas dobles y simples, parqueaderos, terminales y estaciones y subestaciones eléctricas, así como la desratización de varios de esas áreas.

El contrato firmado por Lozano excedería del 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal, el cual fue suscrito el 16 de abril de 2013 por $ 1’221.335,35 sin IVA, por el plazo de un año. En ese entonces, tras un proceso de licitación se adjudicó el contrato a SIAVA. A nombre de la EPMTPQ, lo firmó el gerente Carlos Poveda.

Una vez concluido el plazo, Poveda firmó el Addendum de ampliación de plazo al contrato principal No. 015, y al contrato complementario para la prestación del servicio de higiene y limpieza de la EPMTPQ, del 16 de abril de 2014.

En ese entonces, Poveda no convocó a nueva licitación para contratar ese servicio porque concluía la administración del alcalde Augusto Barrera, quien públicamente dijo que no firmará contratos de última hora, sino que sea el nuevo alcalde, Mauricio Rodas, y sus funcionarios, quienes se apersonen de todo.

Se esperaba que con la llegada del nuevo gerente general, para cuyo cargo Rodas nombró a Lozano, se convoque a una nueva licitación. Eso no ocurrió y firmó un contrato complementario que no habría respetado el tope del 35%.

Mediante memorándum No. ADM-2014-235 de 28 de julio de 2014, el coordinador administrativo y administrador del Contrato, Carlos Peña, recomendó al gerente de la EPMTPQ ampliar el plazo de común acuerdo con SIAVA.

Incluso, recomendó ampliar el plazo de duración del servicio con SIAVA amparándose en que el 30 de junio de 2014 el alcalde Rodas declaró en estado de emergencia el Sistema de Transporte Metropolitano, ante la supuesta falta de atención en unidades y otros que venía atravesando ese sistema; para que el servicio de higiene y limpieza no se suspenda por la falta de un documento contractual; y, porque era imposible llegar a un acto de adjudicación hasta esa fecha.

Finalmente, el contrato complementario (AJ-2014) se firmó el 20 de agosto de 2014, en la Notaría 68 del Cantón Quito, por $ 699.281,96 más IVA (total $ 783.125,26). Eso significaría que sobrepasa el 50% del valor del contrato principal.

Tras la alerta del Observatorio Ciudadano de Movilidad, la Contraloría ya inició un examen especial a los contratos en la EPMTPQ.

Lozano, quien el 11 de enero pasado salió del cargo pero se quedó como asesor de Rafael Villalba, nuevo gerente de la EPMTPQ, confirmó a EL TELÉGRAFO que la Contraloría ya está examinando ese y otros contratos firmados por él.

Aduce que su responsabilidad era precautelar el servicio a los 950 mil pasajeros diarios que ocupan el transporte público metropolitano. “Para llamar a nueva licitación no había tiempo, porque esto se hizo en agosto de 2014, por lo que la única alternativa era hacer este contrato complementario”, resaltó.

Los artículos 94 y 95 de la LOSNCP establecen que cuando un contrato de carácter público viola norma expresa, se debe declarar la terminación unilateral del mismo. Y el siguiente paso es que los entes de control inicien los proceso de investigación, en este caso la Contraloría  y la Fiscalía, para determinar si existen responsabilidades civiles, administrativas y penales.