A 3 días de que el Concejo quiteño apruebe el acuerdo entre los transportistas urbanos y el Municipio, en la bloque de Alianza PAIS (AP) persisten las dudas respecto al financiamiento de la compensación que se dará a los conductores y a la forma como se medirá la calidad del servicio para asignar los pagos.

Estos, de acuerdo con el documento, se asignarán trimestralmente en base del cumplimiento mensual de los componentes del índice de calidad del servicio. Para medir esto se ha elaborado una serie de fórmulas de cálculo.

Anualmente se pagarían $ 20,7 millones anuales a cambio del congelamiento del pasaje general en $ 0,25, de la media tarifa para ancianos y menores de edad en $ 0,12 y su reducción a $ 0,10 para discapacitados.

El convenio, vigente hasta el 30 de junio de 2017, señala que esos recursos provendrán en el primer semestre, “de traspasos de créditos del área de servicios comunales ($ 10,5 millones); y el saldo restante de $ 10,2 millones se lo considerará en la reforma presupuestaria del año 2015 de los recursos provenientes de la optimización de gastos no ejecutados a la fecha y posibles ingresos adicionales”.  

PAIS pide mayores detalles puesto que en la información entregada a los concejales no se especifica qué servicios comunales podrían verse afectados, ni en qué montos ni áreas se realizarán las optimizaciones señaladas.

El 21 de enero, al anunciar el acuerdo, el alcalde Mauricio Rodas dijo que se obtendrían recursos ahorrando en los temas de mobiliario, viajes y consultorías sin ofrecer información específica.

El edil Patricio Ubidia (AP) señaló ayer que en una entrevista al canal RTU que “se dará una compensación de $ 20 millones a los empresarios del transporte, pero no se explica, a la final, de dónde saldrán”. Además, Ubidia cuestionó que cuando el Gobierno entregaba un subsidio a los transportistas se les daba $ 350 mensuales, mientras que ahora se plantean montos de $ 0 a $ 1.000.

Otra observación se refiere a la operación de los transportistas. Carlos Páez, coordinador de la bancada, mencionó que el acuerdo “no es un plan para mejorar la calidad del servicio de transporte público (...). Se deja de lado una visión sistémica y se vuelve a compensar en términos individuales al conductor del bus, mas no por lo que debería ser: un concepto de manejo de flota y de integración de un sistema (...). Esto es un mecanismo para medir el desempeño de las unidades, mas no es un plan para mejorar el servicio”.

Páez añadió que el documento no señala una obligatoriedad legal sobre la implementación de lo establecido en los contratos de operación, lo que daría más fuerza al cumplimiento de normas a las que se comprometen los conductores.