Las 5 asociaciones informales de transporte que unen Quito desde Carapungo (en el norte) hasta Guajaló (en el sur), a través de la av. Simón Bolívar, entregaron ayer los datos de los 320 socios al Municipio.

Los listados serán distribuidos entre los agentes civiles de tránsito que controlan la autopista periférica capitalina.

Celso Yánez, dirigente de la compañía Transyarac, señaló que esperan que “de esa manera paren las detenciones de vehículos y conductores que se han producido en los últimos meses”.

Esta especie de autorización provisional es uno de los acuerdos del diálogo con el secretario metropolitano de Movilidad, Darío Tapia, tras la protesta que protagonizó el sector al amanecer del martes.

Según el Municipio, dicho permiso y una futura regularización se aplicarán bajo el cumplimiento de ciertos requisitos: que el vehículo haya pasado la revisión técnica del Cabildo, que el motor esté en buen estado al igual que las llantas, contar con cinturones de seguridad en todos los asientos, que se brinde el servicio con unidades homologadas y que los conductores tengan licencias tipo ‘D’ o acrediten hallarse en proceso de obtenerla.

El directivo de Transyarac señaló que las 5 entidades que forman la Asociación Simón Bolívar concuerdan con ello. Y añadió que en lo que respecta a la homologación de las unidades, aunque ya cuentan con furgonetas hay varias casas concesionarias que les han ofrecido venderles minibuses y que solo necesitan el compromiso por escrito del gobierno local de que les permitirán trabajar en el futuro para ejecutar la operación comercial con alguna.

Sobre el tipo de licencias, Yánez aseguró que la mayoría de conductores cumple con el requerimiento y el resto está inmerso en su proceso de calificación.

Sin embargo, ese no sería el caso de todas las operadoras que ofrecen el servicio de transporte desde distintos puntos del Distrito.

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De acuerdo con datos de la Alcaldía quiteña, los sistemas de movilidad informales implican alrededor de 60.000 viajes diarios, lo que equivale a que sus protagonistas cubren el 2% de la necesidad de transportación pública en el Distrito (2’800.000 viajes/día).

El estudio titulado Diagnóstico Estratégico-Eje Movilidad, presentado por la Secretaría del ramo en octubre del año pasado, determina que la proliferación de este tipo de oferta obedece a que “el servicio de transporte público sigue siendo deficiente, tanto en lo referente a la cobertura como en lo concerniente a la calidad del servicio”.

Entre los transportistas no regularizados que tendrían problemas para satisfacer los requisitos planteados por el Municipio están los que atienden la ruta entre la avenida De la Prensa y Atucucho (en el  noroccidente).

La cobertura de esa ‘línea’ se realiza, la mayoría, abordo de automóviles y unas cuantas furgonetas. Los primeros son de cualquier marca y distintos modelos; buena parte con más de 10 años de fabricación y algunos incluso vetustos.

Johnny Giler tiene licencia sportman y es dueño de un auto San Remo de 1987, el que usa como taxirruta hace 3 años.

El manabita dijo que si el Cabildo lo obligara “a obtener licencia profesional y comprar un carro nuevo”, tendría que dedicarse a otra actividad por falta de recursos.

Pedro Aguayo, propietario de un Chevrolet Aveo 2002, opinó igual y añadió que en ese caso volvería a dedicarse a la panadería. (I)