Los integrantes de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea avocó conocimiento este martes 3 de enero del proyecto de Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que tiene como fin regular la planificación integral de la Amazonía y establecer los lineamientos para el ordenamiento de su territorio.

Carlos Viteri y Óscar Ledesma, presidente y vicepresidente de la Comisión, respectivamente, coincidieron en que es una normativa perfectible, muy esperada por la región y que surge como mandato constitucional.

Ledesma explicó que la Constitución, en el artículo 250, establece que el territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Manda que este territorio constituirá una circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación integral, recogida en una ley, que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas.

Al referirse a algunos elementos como la planificación integral y asuntos económicos, el legislador comentó que antes de presentarse como proyecto a la Asamblea, la propuesta se tomó este tiempo, porque estuvo en otras entidades y que el único que tenía facultad para presentarlo es el Ejecutivo.

El proyecto crea un Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (FERA) que se financiará con una asignación equivalente al 2% de la venta por cada barril de petróleo. En ningún caso será menor a un dólar. De estos recursos, el 28% será para los 6 gobiernos autónomos provinciales; el 58% para los municipales; el 6% para los parroquiales; el 8% para el fondo común para la circunscripción territorial amazónica.

Dentro de la asignación para los gobiernos parroquiales se incluye a los sectores de Río Verde y Río Negro, del cantón Baños, así como a Matus, El Altar, La Candelaria y Bayusig del cantón Penipe, de la provincia de Tungurahua.

El fondo común tendrá además otras entradas: el 60% de las regalías mineras y el 30% del superávit que obtengan las empresas públicas generadoras de electricidad en fase de operación, que se destinarán a inversión social y desarrollo territorial o productivo, a través de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Estos deberán presentar proyectos de inversión. Será administrado por la Secretaría Técnica para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, que establecerá un sistema para el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los recursos. Será de libre acceso y consulta para la ciudadanía. (I)