La Ley para la Circunscripción Especial Amazónica tardó 10 años en ser elaborada, pese a que estaba considera como prioritaria para la región. El proyecto, que fue aprobado por la Asamblea la semana pasada, tiene 69 artículos, reforma ocho leyes y deroga la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Amazónico. Juan Pablo Velín, de Alianza PAIS (AP) e integrante de la Comisión de Biodiversidad encargada del proyecto, conversó con EL TELÉGRAFO sobre este tema.

¿Cuáles son los beneficios del proyecto de Ley para la Circunscripción Especial Amazónica para los ciudadanos de esa región?

La ley mira de una manera integral a la región. Contempla el tema de participación ciudadana, con la creación del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, integrado por 11 representantes de la sociedad, entre ellos las universidades y el sector productivo. También se creará la Secretaría de la Circunscripción Territorial, que tendrá autonomía y recursos propios, para elaborar la planificación integral y operar todos los temas. Su prioridad será luchar contra la pobreza y mejorar la situación de la ruralidad. Además, la ley pone énfasis en el tema ambiental: mayor control, el que contamina pagará los daños causados, así sea una institución pública o un municipio.

La Amazonía es la más rica del país en recursos pero allí viven los más pobres. ¿Qué plantea la ley para esto?

La Ley 010 generaba beneficios de un dólar por barril de petróleo. Esta nueva crea el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico, que se financiará con el incremento de hasta $ 2 por barril._Pero ese incremento será progresivo, es decir, 50 centavos el próximo año; 25 centavos el que sigue y en tres años se cumpliría con esa cantidad. Eso beneficiará a los gobiernos locales, que tienen el doble de recursos, para alcantarillado, agua potable, vialidad rural. Es necesario para reducir la pobreza allí.

La región vive de la agricultura y de la ganadería. ¿Qué está previsto para estos sectores?

Hay otro Fondo Común que permite utilizar las regalías mineras, las del superávit que generan las hidroeléctricas para  proyectos productivos, créditos a bajo interés, e infraestructura universitaria en Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago. Allí no hay universidades y su creación es un clamor de los jóvenes.

¿Si es tan prioritaria y si la Amazonía ha estado olvidada, por qué esperaron 10 años para aprobar esta ley?

Ese es el mismo cuestionamiento mío. Esta ley está garantizada en el artículo 250 de la Constitución: La Amazonía debe contar con una ley especial. Lamentablemente no se priorizó el proyecto. Ahora puedo responder por mi gestión, es la primera vez que soy asambleísta. Estamos 10 meses en funciones y hemos aprobado esta ley. Los exintegrantes de la Comisión de Biodiversidad tendrán que responder por qué no lo hicieron.

Pero para aplicar la ley se requieren recursos. ¿Con cuánto cuenta esta normativa y su disponibilidad?

La ley regiría desde el próximo año, eso dicen los artículos transitorios. El presupuesto de este año ya está en ejecución, hay contratos petroleros muy rigurosos y modificar todo significa tiempo y reorganización. Además esperamos que el Ejecutivo pueda cumplir, no se trata se tener una norma con recursos que no se cumple.

¿El tema ambiental y el cambio climático es central?

No tener agua potable y enviar las aguas servidas a nuestros ríos genera una gran contaminación. Otro problema en Morona Santiago es la tala de bosques. Para evitar el daño al medio ambiente debemos incentivar la creación de empleo. Hay gente que corta árboles y los vende porque es lo más fácil y rápido para ganar dinero. Se requiere dar otras posibilidades a la población. (I)