Con el voto unánime de 123 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate, el proyecto de Ley de la Circunscripción Especial Territorial Amazónica, que tiene el fin de propiciar el desarrollo, compensando las inequidades existentes y promover el desarrollo equitativo en la Amazonía sobre la base de aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la visión del Buen Vivir.

Entre los objetivos que destacan del proyecto de ley figuran: la conservación de sus ecosistemas, el desarrollo sostenible, la biodiversidad, el derecho a la educación en todos los niveles, su patrimonio cultural, la memoria social, la interculturalidad y la plurinacionalidad, entre otros.

Al mocionar la aprobación de esta normativa, el ponente Yofre Poma, agradeció a las más de 250 intervenciones que recibieron en la Comisión de Biodiversidad, tanto en la Asamblea, como en territorio amazónico, a cada uno de los prefectos, alcaldes y miembros de juntas parroquiales que expresaron sus puntos de vista sobre este proyecto. “Hoy, vamos a hacer justicia con la región Amazónica”, dijo.

En la parte final del debate, varios asambleístas instaron al cumplimiento del artículo 259 de la Constitución que dicta que se precautele la biodiversidad del ecosistema amazónico, el Estado central y dispone a que los gobiernos autónomos descentralizados adopten políticas de desarrollo sustentable, así como compensar las inequidades de su desarrollo y consolidar la soberanía.

El asambleísta por Pastaza, Henry Moreno, destacó que este proyecto recoge las aspiraciones de los pueblos amazónicos. “No estamos requiriendo una dádiva, no estamos pidiendo un favor, estamos ejerciendo un derecho consagrado en la Constitución”, dijo al tiempo de asimilar la ley como social y no política.

Por su parte, Lira Villalva, legisladora de Tungurahua, puntualizó que los recursos que se destinan para cantones y parroquias de las provincias de Chirmborazo y Tungurahua, son un reconocimiento a sectores amazónicos que tienen derecho a ese beneficio, no solo por la disposición constitucional que las ampara, sino por historia.

“Esos fondos deben ser auditados para evaluar si hay un manejo responsable, a beneficio de la población”, complementó Villalva.

Brenda Flor, representante de la región insular, recordó que en 2015 se aprobó la Ley de Régimen Especial para Galápagos, que tiene características particulares en materia de desarrollo, por tratarse de una zona megadiversa.

“Hoy, sobre la base de la experiencia que hemos tenido en la aplicación del proyecto, pudimos aportar para la construcción de la Ley Especial Amazónica y nuestro voto es de repaldo para esta normativa”, manifestó Flor.

Para César Rohón, de Guayas, lo fundamental es que la ley potencie el desarrollo económico, social y productivo de la Amazonia, con una institucionalidad que garantice una adecuada administración de los recursos y no a través de un Consejo que, por su conformación, se convierta en una nueva traba burocrática, según planteó.

En las próximas 48 horas, el proyecto será remitido al Ejecutivo para su análisis, sanción u objeción. (I)