Es una aspiración de las 6 provincias Amazónicas. La Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) fue aprobada el jueves. El Ejecutivo hizo 34 observaciones, de ellas pasaron 19, mientras las  15 quedaron como estaban en el proyecto original.

El objetivo de la norma, que se publicará en el Registro Oficial, es regular la planificación y el ordenamiento territorial de esa región. Establecer políticas y normativas especiales para garantizar el desarrollo humano, el respeto a la naturaleza y la conservación de sus ecosistemas.

La ley, que tiene 64 artículos, fue trabajada en la Comisión de Biodiversidad a lo largo de 10 meses y alimentada con los pedidos de las organizaciones, pueblos y nacionalidades de esa región.

Los 13 legisladores de esas provincias, oficialistas y de la oposición, se unieron para trabajar por la aprobación de las aspiraciones de los ciudadanos amazónicos, contó a este diario el legislador de Alianza PAIS por Morona Santiago, Juan Pablo Velín.

“Nos ratificamos en el informe e hicimos un trabajo político para conseguir los votos en los temas económico, laboral y educativo para la Amazonía”, explicó a EL TELÉGRAFO el legislador de Sociedad Patriótica por Sucumbíos, Freddy Alarcón,

Pero los amazónicos esperaron una década para tener una normativa. Esa fue una de las promesas de campaña del expresidente, Rafael Correa. Él envió el proyecto y al final del período legislativo anterior se discutió en la Mesa de Biodiversidad, que cambió sustancialmente la iniciativa original.

Los temas principales de la ley son la creación del Consejo de Planificación Interinstitucional y la Secretaría de Planificación para organizar y responder a las necesidades de la Amazonía.

También crea el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico que será financiado con una asignación equivalente al 4% del precio de venta por barril de petróleo extraído en esa región.

Hoy se paga $ 1, pero se incrementará a $ 2 en el 2019, dijo el legislador de Pachakutik por Orellana y miembro del Bloque de Integración Nacional (BIN), Eddy Peñafiel.

El fondo será administrado por los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y servirá para los servicios de agua potable, de vialidad y alcantarillado.

Además crea el Fondo Común para la circunscripción, que se financiará con el 60% de las utilidades de las regalías mineras, las ganancias extras de las hidroeléctricas, el 12% de la actividad hidrocarburífera y el superávit de las empresas públicas que operan en esa región, señala el artículo 64 de la ley.

Los recursos de ese fondo se destinarán para financiar planes, programas y proyectos de desarrollo territorial.

La ley también dice que las empresas comerciales y económicas contraten al personal que reside en esta región.

“Es un porcentaje mínimo del 70% que obligue a todas las empresas a contratar a residentes”, indicó el asambleísta de Pachakutik por Zamora y del BIN, Elio Peña.   

Otro tema es la creación de universidades en 4 provincias: Morona Santiago, Zamora, Orellana y Sucumbíos.

Esto tiene un plazo de 2 años para ejecutarse y es una aspiración de los jóvenes que no cuentan con recursos para ir a otras provincias a estudiar carreras universitarias.

“Todos tienen el mismo derecho a educarse. Ese tema, el laboral y el de créditos diferenciados a la gente de la Amazonía fueron inamovibles”, dijo el asambleísta de Sociedad Patriótica por Napo y del BIN, César Solórzano. (I)

Beneficios
Créditos a interés más bajo
La ley crea líneas de crédito en condiciones especiales. Orellana entrega recursos 50 años, pero no recibe igual, dijo Ereddy Peñafiel, de Pachakutik.    

Oferta laboral
Se debe llegar a la contratación de trabajadores de pueblos y nacionalidades de la región en un porcentaje del 10%.

Transporte  
Es obligatorio tener tarifas diferenciadas en los servicios de transporte aéreo, terrestre y fluvial de la región Amazónica.  

Aeropuertos
En el plazo de 180 días se  evaluarán las condiciones de operación de todos los aeropuertos de la región. (I)