“No existen mecanismos que garanticen el control de calidad en los laudos arbitrales. Los procesos de anulación son limitados”, fue una de las conclusiones que emitió Diego García, procurador general del Estado, durante la inauguración del V Seminario de Arbitraje Internacional, desarrollado ayer en Quito.

En el encuentro -que concluye hoy- intervienen representantes de los equipos de defensa de 13 países de América Latina, entre ellos  los procuradores de Bolivia, Nicaragua, Paraguay y Ecuador. Además, expertos de instituciones especializadas, como el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, la Secretaría de Economía de México y varios estudios jurídicos de la región.

García abrió el seminario con su ponencia  denominada “Las preocupaciones del Ecuador en torno al sistema de solución de disputas inversionistas-Estado”, y se refirió de manera especial al caso Oxy II.

El procurador mencionó que el laudo emitido por el Centro Internacional de Arbitraje Relativo a Inversiones (Ciadi) a favor de la petrolera Occidental (Oxy) se realizó bajo varios lineamientos que no tomaron en cuenta la posición de  Ecuador.

Citó como ejemplo que el Ciadi sí conocía que Oxy violó la cláusula 16.1 del Contrato de Participación al haber transferido el 40% de sus acciones sobre el Bloque 15 a la petrolera Alberta Energy Corp. (AEC).

El pasado 5 de octubre, el Ciadi emitió un laudo a través del cual ordenó al país indemnizar a la petrolera con 1.700 millones de dólares por una supuesta violación al Tratado Bilateral de Inversiones. Este es el laudo más cuantitativo en la historia del país. 

Una vez que se conoció el fallo, un equipo de representantes legales presentó el pedido de anulación, el cual ya está en la Secretaría del organismo, cuya sede se encuentra en Estados Unidos.

Según el reglamento orgánico del Ciadi, una vez registrado el pedido se suspende automáticamente el laudo hasta que se conforme el Comité de Anulación, que debe conocer el caso y tomar  una decisión. Los miembros del comité son designados por el organismo bajo una nómina interna.

El procurador reconoció que han existido casos en los cuales “los árbitros toman decisiones respecto al derecho público sin el conocimiento pleno de los principios de los gobiernos”. No obstante, dijo que confía    que en   el caso   Oxy los árbitros sean imparciales. “Esperamos un personal conocedor del Derecho Continental Europeo, de Derecho Internacional, personas inteligentes”, señaló. 

Recordó que Ecuador ya no es suscriptor del convenio Ciadi, pero que todavía hay algunos arbitrajes pendientes que se iniciaron antes de que Ecuador deje la suscripción. La mayoría de estos casos se relacionan con empresas petroleras como Perenco que se desarrolla en estos días.

García volvió a insistir en que la solicitud de anulación presentada por la defensa del Estado no es suficiente para evitar el pago de la indemnización, pero que  Ecuador tiene previsto -como principal argumento- que el laudo tiene grandes errores, por lo tanto dentro del sistema de solución no existió un control de calidad. “Sus decisiones fueron tomadas  con motivación insuficiente que, según el propio Convenio Ciadi, sustentan un pedido de nulidad de un laudo”.