La ejecución del laudo final en el caso Oxy que ordena al Estado ecuatoriano a pagar 1.769 millones de dólares más intereses a la empresa estadounidense debido a una supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) quedó suspendida, según informó la Procuraduría General del Estado.

El equipo de defensa de Ecuador, encabezado por el procurador, Diego García, solicitó la anulación de la resolución del arbitraje internacional el año pasado, lo que detuvo la ejecución del mismo, pero en febrero pasado la transnacional solicitó la suspensión del laudo.

Dentro del proceso, hubo una audiencia convocada por el Comité de Anulación para recibir las alegaciones orales de Ecuador y de la transnacional petrolera para decidir sobre la solicitud.

En la audiencia que se realizó en París, el representante ecuatoriano expuso la necesidad de que se mantenga suspendida la ejecución del laudo hasta que el Comité resuelva sobre su anulación, debido a sus graves falencias, así como a las irreparables consecuencias que tendría su ejecución para la economía de Ecuador.

La caducidad del contrato con OXY se dio porque la empresa transfirió ilegalmente el 40% de participación del campo ecuatoriano a una empresa sin haber notificado a las autoridades ecuatorianas, como está previsto en el contrato suscrito.

El presidente de la República, Rafael Correa, ha manifestado en reiteradas ocasiones que esta decisión es ilegal porque de acuerdo al contrato no es susceptible de arbitraje, lo que fue desconocido por el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) y se pronunció a favor de la transnacional estadounidense, con el argumento de que la decisión afecta a las inversiones.

La razón de notificar el traspaso es que la empresa tenía que pagar una prima al Estado y el nuevo contrato se debía renegociar en mejores condiciones en favor de Ecuador, lo que no ocurrió.