A finales de este año se pondrá a consideración del Consejo de Cancilleres de la Unión de Naciones Su-    ramericanas (Unasur) un mecanismo de solución de controversias regional. El secretario general del organismo, Ernesto Samper, señaló que se ha trabajado por 3 años en un sistema que respete los derechos y entregue las garantías respectivas, tanto a los inversionistas como a los Estados.   

“Por mucho tiempo los países han perdido los laudos en estos escenarios internacionales que se convirtieron en espacios de ‘lobbistas’. Con un centro de soluciones de controversias vamos a poder defender los fondos públicos. El dinero de los ciudadanos es sagrado”, expresó el titular de la Unasur, quien recordó que en el pasado las multinacionales que invertían en países de la región exigían que las soluciones de controversias sean al exterior, sin agotarse instancias nacionales.

Es así que en 1965 se creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), institución con sede en Washington (EE.UU.) y que pertenece al Banco Mundial. Debido a que ese sistema privilegia más a las empresas que a los Estados, Bolivia, Ecuador y Venezuela decidieron denunciar el convenio constitutivo (Convenio de Washington de 1966) y retirarse del organismo.

Hasta 2011 solo el 30% de los casos tratados por el Ciadi fueron en América del Sur. De igual forma, hay que señalar que el 31,8% de un total de 1.163 árbitros, conciliadores y miembros de comités ad hoc, son de EE.UU., Francia e Inglaterra, mientras que el 14,7% son de 15 países latinoamericanos (el 53,5% restante son de otros Estados).

Además hasta 2011, el 63% de los casos en el Ciadi son por tratados bilaterales de inversión. “El fondo de esto es que si somos países confiables para invertir, lo somos también para resolver conflictos con equidad. El mismo que le dará mucha más importancia al arreglo prejudicial, es decir un buen consenso con los inversionistas en los que el Estado pueda tener la capacidad de defender sus derechos y lo haga en igualdad de circunstancias”, dijo Samper y garantizó que el mecanismo será transparente.

Un centro de soluciones de controversias de la Unasur sería una de las alternativas para acabar con la impunidad de las corporaciones. Otra es aprobar un tratado vinculante de derechos humanos y transnacionales en las Naciones Unidas, iniciativa encabezada por Ecuador y más cuando en julio pasado fue elegido presidente del Grupo de Trabajo Intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos.  

Para el abogado de los 30 mil indígenas y campesinos afectados por la contaminación petrolera en Orellana y Sucumbíos (Amazonía), Pablo Fajardo, el caso ecuatoriano es uno más de los tantos crímenes corporativos de lesa humanidad que existen en el mundo (ver infografía), por lo que apoya la creación de un instrumento vinculante que regule el abuso de las empresas.

“Que el país esté en esta batalla global para que haya un tratado vinculante no significa que sea una preocupación solo de Ecuador. Más de 1.000 grupos sociales de todo el mundo apoyamos esa idea y sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos que demostrar con ejemplos por qué es necesario que exista un instrumento jurídico”, expresó Fajardo e informó que el próximo 3 de noviembre se cumplirán 22 años de lucha en contra de Chevron.

Derecho a la salud vs. el comercio

Uruguay es otro de los países que enfrenta una demanda por parte de una transnacional. En 2010 la tabacalera Philip Morris enjuició al país ante el Ciadi por exigirle que retire del mercado 7 de sus 12 productos y que los mensajes sobre los riesgos del tabaco para la salud aumenten a un 80% de la superficie de los paquetes de cigarrillos, medidas que son parte de una fuerte campaña para reducir el consumo de cigarrillos en la sociedad uruguaya.

Hace 11 años, la Asamblea General de ese país aprobó un convenio para el control del tabaco, el cual seguiría varias de las políticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde ese momento se aprobaron varios decretos presidenciales, resoluciones, leyes y campañas de difusión pública. Tres años después de haber presentado la demanda, la tabacalera ganó la primera batalla cuando el Ciadi se declaró competente para tomar una decisión en el caso. Actualmente el juicio se encuentra en etapa final. En el caso de que el Estado uruguayo pierda estaría obligado a pagar $ 22 millones.

Bolivia compensó a Euro Telecom

Aun cuando Bolivia decidió renunciar al Ciadi en 2007, 6 meses más tarde de haberse retirado del organismo recibió una nueva demanda por parte de la empresa transnacional italiana Euro Telecom Internacional (ETI) por la decisión gubernamental de nacionalizar la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, una de las que fueron vendidas a compañías transnacionales durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).

En 2009 el procedimiento fue concluido en el Ciadi. En 2010 y con un proceso de conciliación en marcha, la ETI presentó una nueva demanda en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Finalmente se acordó que el Estado boliviano cancelase $100 millones como compensación a la firma. Lo mismo sucede en Argentina con el caso de estatización de la YPF controlada por Repsol. Hasta 2013 ese país perdió 5 demandas de 50 en el Ciadi. (I)