El país amaneció el sábado con una noticia que alimenta a las investigaciones sobre la irregular venta de insumos médicos del hospital del IESS de Guayaquil: la muerte, en extrañas circunstancias, del ciudadano israelí Shy Dahan, implicado en el caso y que permanecía recluido en la Penitenciaría del Litoral.

El cuerpo del ciudadano fue hallado con politraumatismos a la altura del cráneo, según el parte médico y ocurre justamente cuando días atrás había declarado a las autoridades que había negociado la venta de insumos médicos con Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, por $ 321 mil y que incluso, junto con otro ciudadano israelí, había acudido al domicilio de Bucaram Pulley, en la ciudadela Kennedy Norte para hacer efectiva la venta. 

Incluso el viernes, en la Policía Judicial del Guayas se efectuó la explotación de toda la información que se encontraban en los teléfonos incautados al ciudadano israelí y su compañero de la misma nacionalidad. Héctor Gabriel Vanegas, abogado del ciudadano israelí, comentó que en el peritaje a los teléfonos celulares se encontró toda la información que habían entregado ante la Fiscalía. De esta manera el entramado de corrupción tiene, al parecer una punta que puede desenmarañar este caso que ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana.

Y ha conmocionado porque justamente se trata de un presunto negociado de insumos médicos provenientes del hospital Teodoro Maldonado Carbo y que ocurrió precisamente en momentos en que Ecuador, y particularmente la ciudad de Guayaquil, se debatía en su lucha contra la pandemia del covid-19, que dejó a su paso una estela de muerte y desolación en la urbe.
El crimen ocurrido contra el ciudadano israelí no debe detener las investigaciones, al contrario, debe profundizarse; la Fiscalía tiene que ir hasta el fondo del caso para que se esclarezcan los hechos y que se halle la verdad al final del camino.

Que este asesinato tampoco quede impune o desvíe la atención del meollo del asunto. La ciudadanía está ávida de respuestas y por este motivo el trabajo de las autoridades debe proseguir, con el apoyo de todos los estamentos del estado. La sociedad no quiere impunidad, insta, exige y reclama justicia, esa justicia que no debe ser amedrentada bajo ninguna circunstancia. Porque es la justicia el primer requisito de una nación civilizada.