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El Telégrafo

La casación... está en las manos de tres conjueces

11 de agosto de 2020

Dilataron el proceso. Eso hicieron los abogados de los sentenciados en primera instancia por el caso de corrupción Sobornos 2012-2016. A la cabeza de esa organización delincuencial, como la llamó la Fiscalía, estuvo el expresidente Rafael Correa, que está prófugo y ha sido condenado a ocho años de prisión

También están su exvicepresidente, Jorge Glas, quien cumple una pena de seis años por el caso de corrupción Odebrecht. A él se suman otros exfuncionarios de ese régimen, que duró una década, y empresarios que hicieron negocios con el Estado y aceptaron pagar sobornos a cambio de contratos con el Gobierno.

Esta semana ese grupo, de 18 personas procesadas de las 20 iniciales, tendrá la audiencia de casación, el último recurso legal que les queda para ese proceso. Esto solo se aplica en tres casos: cuando se ha violado la ley en la sentencia, o por indebida aplicación de la ley; o una interpretación errónea de la ley.

Pero en este último estadio de esa causa preocupa que tres conjueces de la era de Gustavo Jalkh, expresidente del Consejo de la Judicatura en gobienro de Correa y amigo personal de él, tengan en sus manos ese caso de corrupción por cohecho agravado.

Ellos son: Milton Ávila, quien es abogado por la Universidad de Cuenca, expresidente de la Corte Provincial de Morona Santiago, exdirector del Consejo de la Judicatura en la época de Jalkh. También condenó al dirigente indígena Pepe Acacho, por eso está nombrado en la Mesa de la Verdad y de Justicia que analizó 247 casos de persecución política en la justicia durante el correísmo.

El conjuez José Layedra Bustamante, quien es abogado por la Universidad de Guayaquil, expresidente de la Corte Provincial de Los Ríos en la administración de Jalkh, excomisario e intendente de esa provincia.

El último conjuez es Lauro de la Cadena, quien es abogado por la Universidad Central del Ecuador, expresidente de la Corte Provincial de Imbabura en el periodo de Jalkh, exasesor del Congreso Nacional y exfiscal de Imbabura.

El Código Integral Penal (COIP) señala que a los magistrados deben determinar si la solicitud de los sentenciados cumple o no con los requisitos para ser admitida. Hay dos posibilidades: la primera que sea aceptada y si es así los abogados de los procesados fundamentarán sus solicitudes en una audiencia que será en cinco días.

La segunda es que no sea aceptada y en ese caso se devolverá el expediente al Tribunal inicial y la sentencia será ejecutoriada.

Sobornos 2012-2016 es el caso más grande de corrupción en la historia republicana de Ecuador porque fue dirigido por el primer y segundo mandatario del país. La Fiscalía logró probar que ambos y los otros exfuncionarios procesados recibieron aportes irregulares de empresarios, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio del su exmovimiento político.

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