El 4 de abril, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció un plan de apoyo por $ 8.800 millones para el sector empresarial de ese país, afectado por la pandemia del covid-19.

En total, el Gobierno peruano prevé inyectar alrededor de $ 18.000 millones como soporte al sector productivo y fondos para atención de la emergencia. Chile proyecta invertir $ 15.000 millones en su plan de rescate y Brasil, $ 130.000 millones. Por solo hablar de naciones cercanas.

Esto ocurre en países que cuentan con reservas de recursos y que pueden apelar a ellas. La situación fiscal ecuatoriana, por desgracia, es totalmente diferente. Esto es una consecuencia, en primer término, de la política populista de derroche ejecutada entre 2007 y mayo de 2017, a consecuencia de la cual Ecuador terminó endeudado y sin fondos a los que acudir en casos de emergencia, como el actual.

Esto obliga al Ejecutivo a tomar otro tipo de medidas para afrontar, primero, las necesidades urgentes de la crisis sanitaria que vive el país y, luego, reactivar la economía que sufre y, sin duda, sufrirá problemas al término de lo más difícil de la epidemia y del período de aislamiento social.

Una de ellas es la obtención de recursos a través de las líneas emergentes de crédito abiertas por distintos organismos multilaterales para ayudar a los países en su lucha contra el nuevo coronavirus. Y la otra es recurrir a un aporte temporal (durante nueve meses) de parte de los ciudadanos y las empresas con mayor liquidez para enfrentar la crisis, apoyar a los que menos tienen y reactivar la economía.

Si el Gobierno pasado habría actuado con cierta prudencia fiscal, lo que no significa que no realizara inversiones, la situación del país pudo ser diferente y, quizás, no se hubiese necesitado recurrir a los ciudadanos en esta situación o hacerlo en menor grado. Pero hoy estamos abocados a un problema mayúsculo y debemos enfrentarlo con solidaridad. (O)