El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el viernes un crédito emergente por $ 643 millones, solicitado por Ecuador para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica que afronta. Se trata de un préstamo especial, de entrega rápida, libre disponibilidad y condiciones favorables: 1,05% de interés, tres años de gracia y con cinco años de plazo para su pago.

Estos recursos se suman a los $ 700 millones aprobados el 29 de abril pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a los $ 300 millones que dará el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF y al crédito que se espera que el Banco Mundial (BM) conceda el 7 de mayo por $ 500 millones. Por la naturaleza y el objetivo de estos préstamos, los términos de pago son similares a los establecidos por el FMI.

Serán $ 2.143 millones en total los que asumirá el país en nuevos créditos, que aunque blandos, deberán ser cancelados a la larga. El viernes al anunciar la aprobación del préstamo del Fondo, el Ministerio de Economía y Finanzas señalaba que el dinero permitirá “enfrentar el covid-19 y fortalecer nuestro sistema de salud”.

Esa debe ser la prioridad de uso de los fondos, además del apoyo al sector productivo para su reactivación tras el golpe que le significan las medidas de aislamiento establecidas para frenar los contagios. Además, los recursos deben ser utilizados con mucho criterio y ética para evitar que se desperdicien y su objetivo primordial se pierda.

No faltarán voces que reclamen por la nueva deuda contraída y pontifiquen que no sería necesaria si el sistema sanitario se hubiese robustecido antes. Como si los problemas fiscales del país hubieran aparecido de improviso, con el inicio de la crisis sanitaria y meses antes se hubiese contado con dinero.

En realidad, el problema viene de mucho antes y se deriva de la política de gasto público expansivo implementada por el anterior Gobierno, que liquidó los fondos de ahorro del país y, además, lo dejó sobreendeudado y con escasas posibilidades de obtener financiamiento. (O)