El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha hecho una propuesta válida y legítima. Es más: muy oportuna y contemporánea: revisar para qué nos sirve y cómo podemos mejorar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No ha impuesto ninguna tesis, ha dicho lo que es soberano para los Estados y para los pueblos.

A partir de una preocupación planteada, entre otros, por Ecuador: el estatuto de la CIDH solo puede y debe ser modificado por los Estados miembros y no por la comisión misma.

Ya se escuchan voces de “soberanos” escribanos que dicen que con ello se viene abajo todo un sistema que ha garantizado la vigencia de los derechos humanos en el continente. ¿Se viene abajo? ¿Ellos dijeron algo cuando esa misma comisión no dijo nada sobre la brutales violaciones a los derechos humanos en Chile, Argentina, Guatemala, Brasil, El Salvador, Perú, Uruguay, entre otros, cuando feroces dictaduras gobernaron estos países? ¿El sistema era válido en ese momento y funcionaba muy soberanamente?

La propuesta es discutir para avanzar, armonizar y sostener el cambio de época que vive el mundo y, sobre todo, América Latina, pero ante todo, como el propio Insulza lo ha dicho: para ponernos de acuerdo cómo queremos gobernarnos en todos los campos, sin que medien presiones ni imperios.

La reunión de la OEA en Bolivia sirve para eso. Es un primer paso. La presencia de los mandatarios ha dado ese impulso. Vendrán ahora los pasos técnicos y legales para implementar una propuesta armónica y consensuada, sin apelar a ningún veto de nadie que se crea por encima de los demás.

Lo bueno es debatir, no sostener dogmas a partir de intereses muy particulares.

De hecho, las nuevas constituciones que rigen a algunos países de la región están demandando una armonía de la región para que no se tengan premisas extemporáneas y discordantes con lo que han decidido los pueblos del continente.