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El Telégrafo

Oposición a Ley Humanitaria esconde agendas partidistas

07 de mayo de 2020

La negativa de apoyar el proyecto de Ley Humanitaria –enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional– por parte del bloque correísta, socialcristiano y CREO, principalmente, no está fundamentada en la solidaridad con los que menos tienen sino que más bien está enfocada en cobrar una venganza contra el Gobierno actual, con miras, por supuesto, a las elecciones de 2021.

El analista político Diego Ordóñez destaca que los correístas tienen una agenda “de suma cero”, un juego en el que lo que el otro pierde lo ganan ellos. Además, está el hecho de responsabilizar al presidente Lenín Moreno de la sentencia contra su máximo líder, el exmandatario Rafael Correa, por el caso Sobornos 2012-2016, y demás implicados.

Apuntan –dice– a recuperar el poder, garantizarse la impunidad y a reconstruir un discurso refundacional con el que tuvieron éxito al inicio de la década correísta, y esa “es una estrategia suicida”.

Los militantes de la Revolución Ciudadana (RC) tratan de aprovechar cualquier coyuntura para menoscabar las acciones gubernamentales y, por ello, cita el caso del Municipio de Quito, cuyos concejales correístas le apuntan a mantener la cuarentena por mucho más tiempo, pero no con el objetivo de preservar la salud de los ciudadanos, que debería ser el fin, sino para que exista un mayor nivel de preocupación respecto al empleo y la estabilidad económica al estar paralizadas las actividades productivas.

En el caso de los socialcristianos, ellos no discuten propuestas sino que exhiben consignas, y los de CREO no dan alternativas ni hay una invitación al diálogo de ningún lado. Estos dicen que la crisis les va a costar más a los que más tienen, en contraste con un discurso populista que no concreta nada en cuanto al tema económico y menos de apoyo a la ley que está en debate.

Las leyes de solidaridad, en el marco de cualquier tiempo y tragedia, deben apuntar a favorecer a las víctimas, a los más vulnerables y a sacar al país de la crisis, indistintamente de quien esté como administrador del Estado. (O)

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