Claro que sí, lo dice la Constitución. Y también el sentido común. No podemos desligar una tarea de la otra. Los problemas de inseguridad son graves y están entre las mayores preocupaciones de todos los ciudadanos. No hay ciudad del Ecuador que pueda decir que se siente completamente segura. Y quizá por falta de decisión, coordinación y voluntad política, por muchos años, dejamos pasar ese tema para que ahora sea una de las prioridades nacionales.

Sobre todo hay que pensar en la gente, y la gente demanda solución a ese problema, que no se va a resolver solo con los militares en la calle.

También  en la ciudadanía debe haber un cambio cultural, que la plata no sea el fin de toda felicidad, que la violencia intrafamiliar se reduzca considerablemente, que la exacerbación de la violencia en ciertos medios de comunicación también se limite y, ante todo, que la educación sea la base de la construcción personal, familiar, social y ciudadana.

Ahora bien, la presencia de militares en las calles  crea para algunos una sensación de temor. Y ahí los militares deben tener la suficiente sensibilidad, capacidad y profesionalismo para actuar dentro de sus normas, pero también apuntando a un control y no priorizando la represión.

Ante todo debe haber un trabajo de inteligencia muy estricto para actuar sobre los factores y actores delictivos. Eso ha dado resultado en muchos países. Infiltrarse en  las bandas y operar desde su “lógica” para neutralizarlas es un buen sistema. Pero habrá que esperar.

Por lo pronto hace falta una discusión clara de lo beneficioso para el país de esta decisión política, que es asumida por los militares con mucha responsabilidad patriótica. Y no está por demás decir que es un reto para la Policía, que a pesar de haber obtenido buenos resultados, todavía adolece de algunas fallas que se pueden corregir a tiempo.