Está investigada. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, tiene procesos abiertos por presuntos delitos de rebelión, tráfico de influencias y peculado (durante la pandemia). Pabón, de la Revolución Ciudadana, está bajo la mirada de la Fiscalía por supuestas irregularidades en contratos públicos del Gobierno Provincial. Los últimos casos se detectaron en la compra de insumos médicos en medio de la tragedia y de la muerte.

Según la indagación del Ministerio Público, la Prefectura adquirió termómetros digitales y bolsas para cadáveres con sobreprecios que alcanzan hasta el 1.800%. En la compra de 25 termómetros digitales, se pagó $ 188,50 por cada uno, con un valor total de $ 4.712.50. Pero, por ejemplo, en el Hospital Docente de Ambato, se adquirieron medidores con similares características por solo $ 10,40.

Es decir, la Prefectura de Pichincha pagó $ 178,10 de sobreprecio por cada unidad. Mientras en el caso de las 40 fundas para cadáveres, la investigación determinó que el precio referencial en el mercado nacional era de $ 12 por cada una, pero el Gobierno Provincial pagó $ 51,90, un valor 4 veces mayor.

Pabón justificó esas adquisiciones y explicó que los termómetros de la Prefectura tienen características técnicas superiores y por eso un valor más alto. También dijo que las bolsas para cadáveres tenían costo superior porque contaban con nivel de bioseguridad tipo 4, para evitar el derrame de fluidos o roturas, mientras que las de $ 12 eran las más básicas, con bioseguridades de nivel 1.

La Contraloría hace otras tres indagaciones a su gestión. Por ejemplo, un contrato por $ 84.000, del 4 de septiembre de 2019, con la empresa DPC Diez Puntos Comunicaciones Cia. Ltda. para una consultoría de comunicación, dirigida a los funcionarios para aprender el correcto uso de canales digitales.

Pero no hay documentos para justificar esa contratación. Además, la comisión técnica de contratación inobservó que la empresa no cumplía con parámetros como experiencia mínima del personal. La Fiscalía investiga estas supuestas irregularidades por un posible delito de tráfico de influencias. (O)