El exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, sentenciado a cinco años de cárcel como autor de lavados de activos, pidió disculpas públicas ante el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia.

En un acto que contó con la presencia de la Fiscal General de la Nación y del Procurador General del Estado, el exsecretario en el régimen de Rafael Correa, expresó un escueto discurso como parte de una reparación inmaterial de la sentencia emitida en abril de 2018.

"Pido formalmente disculpas públicas al Ecuador, desde fondo de mi corazón las ofrezco", dijo ante el Tribunal. Eso ya no importa porque el daño está hecho.

Hay que mirar más allá de este "saludo a la bandera". Hay que pensar en las medidas reales de reparación, dispuestas por el dictamen.

Una de ellas, que el exministro cancele el valor de $ 666.666 por el delito de lavado de activos. Sobre todo, porque él reconoció abiertamente que analizará cómo cancelar los haberes por su falta de ética.

El asunto no queda ahí, porque las leyes blandas del país permitieron que Mosquera salga de prisión y que culmine la sentencia bajo el régimen semiabierto por haber cumplido más del 60% de la pena.
Los casos de inequidad en la justicia no son aislados. Eso se puede observar en otros procesos emblemáticos originados por actos de corrupción.

"Sobornos 2012-2016" es un ejemplo que cumple con esas características. Se trató de una causa que dictaminó un perjuicio al Estado de más de $ 22 millones, con una sentencia de ocho años de prisión para los autores, entre ellos Correa y el exvicepresidente Jorge Glas.

Una ironía. El mismo tiempo de pena se dictó para María Eulalia Sanipatín, una persona de la tercera edad con cuadro de ceguera y diabetes, por un hecho delito de peculado, por $ 400.

También se puede referir el delito de asociación ilícita en el caso "Odebrecht", que causó un perjuicio al Estado ecuatoriano de $ 41 millones. Glas tuvo una sentencia de seis años, mientras que hay ladrones de poca monta, que reciben condenas de entre 3 y 5 años, por robo o asalto en buses y taxis de valores que no superan los $ 100.

La Fiscal General refirió que las disculpas públicas es una lección para que los ecuatorianos sepan que no se debe abusar de los fondos públicos. Y tiene razón.

No obstante, todavía urge la necesidad de analizar que el sistema de justicia deje de estar al servicio de los que tienen poder, dinero o manejo de influencias.