No pasó por alto para los analistas políticos lo dicho y hecho por Rafael Correa en el mismo Palacio de la Moncloa, ante su par español, Mariano Rajoy: una “clase” de economía. Señaló (por encima de lo que recomiendan los anticuados protocolos y ritos diplomáticos): “Desde Ecuador estamos asombrados de que el riesgo recaiga sobre la persona y no sobre el capital. Va contra los principios de la economía”.

Y luego, en un encuentro multitudinario con sus compatriotas, Correa dijo que  su Gobierno se planteaba llevar el sistema hipotecario español ante los tribunales internacionales de derechos humanos.

Rajoy apenas ha dicho que pone por delante el código de buenas prácticas bancarias para aceptar que la entrega de la casa salde la deuda.

Esto, que en España suena a mofa, no resolverá lo de fondo: atender a las personas que confiaron en el sistema que les otorgaba casas a un precio y ahora, sin ese bien, tienen que pagar mucho más de lo que se comprometieron legalmente.

De todos modos, ante la “cátedra” básica de economía, Rajoy solo ha dicho: “Siempre que se respete la legalidad de España, estamos dispuestos a escuchar”. Pero Correa no se queda ahí.

Como para ser mucho más explícito, aclaró:  “Rajoy me habló del código ético. Yo soy economista”, y acotó:  “Si no hay una flexibilización, vamos hacia el peor de los mundos. Gente que necesita casas sin casa y bancos llenos de casas”.

Es claro entonces que hay un debate de fondo que no solo atenta contra los ecuatorianos residentes en España, sino a ese país en general: la crisis hay que repartirla entre todos; y los bancos, culpables de casi todo el asunto, deben asumir su parte y no seguir inmunes e impunes con el tema. De ahí se entiende el pedido de Correa, que ya ha hecho mella en España: flexibilizar la situación legal para abordar con otra lógica un problema de injusticia.