La Ley de Apoyo Humanitario que analiza durante estos días la Asamblea Nacional contempla normas para la sostenibilidad del empleo, según el título del cuarto capitulo del documento. A la par del envío de la ley, el Gobierno reconoció que la crisis del covid-19 causaría la pérdida de aproximadamente 500.000 empleos.

La propuesta de ley promueve que empleadores y trabajadores lleguen a acuerdos para modificar las condiciones laborales a cambio de preservar los puestos. Estos acuerdos deben estar avalados por el Ministerio de Trabajo, por lo que esta entidad tiene esa gran responsabilidad. Pero considerando que siempre hay una relación de poder implícita en donde el empleador puede ejercer cierta presión sobre el empleado y este a su vez acatar una disposición para no perder su trabajo, pero sí ceder algunos derechos, ¿qué tan viable es esta solución?

El llamado a los acuerdos entre las partes se encendió apenas empezó la emergencia sanitaria porque pasaron pocos días y ya sonaron los primeros casos de despidos masivos. Muestra de ello son las casi 3.000 denuncias de empresas que despidieron a sus trabajadores alegando caso fortuito o fuerza mayor; además, sobrepasan las 2.000 denuncias por despido intempestivo e incumplimiento de liquidaciones o jubilaciones. Si hubiera predisposición de los empresarios para facilitar estos acuerdos, seguramente estas cifras serían menores.

Así como el proyecto de ley otorga opciones para que los empleadores modifiquen las jornadas laborales o creen nuevos contratos emergentes, también deben clarificar los derechos de los trabajadores, que son intocables. Esto, además, evitará conflictos y maltratos en los juzgados laborales, pues los trabajadores perjudicados seguirán con los procesos legales, y según varios abogados consultados, tendrán todas las de ganar si los patronos precipitadamente tomaron decisiones sin respetar la legislación. (O)