Están definidas como formas de corrupción el abuso de poder, coima, soborno, cohecho, peculado, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia, nepotismo, uso ilegal de información confidencial, entre otros mecanismos orientados a obtener ventaja ilegítima.

Desde que el país retornó a la democracia en 1979, varios hechos de corrupción se han registrado en las altas esferas de poder, entre ellos: la sucretización de las deudas; el arroz con gorgojo; la compra de una procesadora de basura para Guayaquil; el caso Santay; la construcción de la vía Perimetral; Ecuahospital; el plan carro; los gastos reservados; el caso Flores y Miel; la apropiación de donaciones para afectados del fenómeno de El Niño; el salvataje bancario; fraudes electorales; la Pichicorte; las refinerías del Pacífico y de Esmeraldas, en fin.

Todos han sido escándalos que han causado alarma y repudio social. Grandes casos de corrupción por los millones de dólares que han estado de por medio y los perjuicios para el país. Pero hoy los ecuatorianos somos testigos del más grande caso de corrupción, no por la cantidad de dinero, ni por los delitos que se habrían cometido, sino por la condición de quienes incurrieron en este repudiable hecho. Me refiero al denominado caso Sobornos 2012-2016.

La investigación que inició la Fiscalía en mayo del año pasado le ha llevado a determinar que en la cúpula del Gobierno anterior de la “Revolución Ciudadana” operaba una “estructura criminal” para captar aportes ilegales de empresarios, por más de $ 7 millones, para las campañas electorales de Alianza PAIS, a cambio de contratos con el Estado.

Diez ex-altos funcionarios, entre ellos el expresidente Rafael C., el exvicepresidente Jorge G., los exministros Vinicio A., María de los Ángeles D. y Walter S., así como el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis M., y la exasesora y asistente presidencial Pamela M. y Laura T., integran la lista de enjuiciados, a más de 10 empresarios. Todos acusados de cohecho. Esto hace que el caso sea considerado como el más escandaloso de la historia del país, del que se espera la primera sentencia. (O)