El allanamiento efectuado ayer en las oficinas de la inmobiliaria Terrabienes en Guayaquil tuvo por momentos tintes de serie policiaca.

A las 11:00, el fiscal Walter Suárez llegó hasta el inmueble de 3 pisos ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo, al norte de la ciudad, para recolectar indicios que puedan ayudar a configurar el delito de estafa. Esto es parte del proceso de indagación previa que sigue dicha dependencia a la compañía del grupo Ortega-Trujillo.      

Al menos 1.200 personas han sido perjudicadas por Terrabienes, luego de que compraron sus viviendas con la compañía, pero aún no han recibido las obras.  

Acompañados de un perito, 2 de los abogados de los clientes del proyecto Arcos del Río -autores de las denuncias-, y una abogada de Terrabienes, el Fiscal ingresó a los departamentos financieros, de ventas y recursos humanos para revisar archivos de computadoras, asientos contables, y demás documentos de la compañía. Aunque algunos de los empleados permanecían en el lugar, las oficinas lucían oscuras y semivacías. El grupo de trabajadores fue informado de la diligencia y únicamente pidió que no se lo fotografíe ya que “nada tenía que ver” con el tema.

Durante la inspección, que duró alrededor de 2 horas, encontraron chequeras, en su mayoría del Banco Bolivariano, actas de sesiones de accionistas de Urbanizadora del Norte (Urnosa), otra de las empresas que funcionaba en dichas oficinas, y planos del proyecto Olivos del Río y de otros planes habitacionales. Lo que no pudo encontrar ayer la fiscalía fueron las computadoras de las gerencias y de los directivos, entre ellos Jorge Ortega Trujillo, que habían sido retiradas con anterioridad.

“Por eso he pedido que se retire el servidor que, se entiende, contiene toda la información”, apuntó el Fiscal, quien adelantó que “lamentablemente” las cuentas de la compañía se “encuentran en cero”.

Bajo tales consideraciones ordenó que las computadoras de Terrabienes fueran llevadas bajo custodia para que un perito informático pueda extraer sus datos.  

Suárez dijo que sería difícil y complejo sacar todos los documentos del lugar, pero que era su obligación hacerlo para precautelar los intereses de quienes confiaron en la inmobiliaria para acceder a una vivienda propia. “La Fiscalía va a hacer todos los esfuerzos para determinar a través del sistema financiero la responsabilidad de la empresa en este caso”,  agregó.  

Mientras en el departamento de recursos humanos, la autoridad pidió imprimir los roles de pago para verificar los sueldos que recibían los altos ejecutivos de la compañía, intervenida por la Superintendencia de Compañías y Valores (SC), a comienzos de mes.

Casi al final del recorrido, la comitiva ingresó a la oficina de la presidencia y la sala de sesiones.

En el escritorio de Ortega Trujillo reposaban 2 portarretratos con fotografías familiares, un casco de constructor y varios adornos. Las paredes también mostraban diplomas e imágenes de  los miembros de la familia que ahora enfrenta centenas de denuncias por estafa.  

En una esquina de la sala de sesiones se encontró una caja fuerte que pasó a ser parte de los objetos que debían ser trasladados a la Policía Judicial para su investigación.

Afuera del inmueble y en medio de la lluvia, decenas de clientes de la inconclusa urbanización Arcos del Río esperaban un pronunciamiento del Fiscal.

Según Suárez en el sitio habría funcionado un grupo de empresas inmobiliarias, pero las que se encontraban en operaciones eran Terrabienes y Urnosa.

Esta última tenía como representante legal a Elvira Ortega de Arosemena y, según un documento de la SC, tiene como accionistas a las empresas Orlion Consulting Corp. y Tarnacor Overseas, ambas con domicilio en Panamá. Al respecto, Suárez señaló que sobre estas empresas se brindará información próximamente.   

Al mediodía, el Fiscal se dirigió a los clientes y señaló que esta diligencia se realizó debido a que la empresa no presentó sus registros contables, tal y como fue solicitado por la Fiscalía.

También solicitó al Municipio de Guayaquil enviar la información acerca de los permisos con los que contaba la inmobiliaria para construir el macroproyecto. La intención -dijo- es que las personas que hayan presentado sus denuncias tengan una respuesta.

El próximo 3 de marzo se realizará una inspección en los terrenos de Arcos del Río. Perjudicados y abogados pidieron revisar el levantamiento de las medidas cautelares en contra de los propietarios de la compañía, Suárez señaló que pedirá al juez de dicha causa información acerca de su decisión.

Obligaciones incumplidas

Además de Terrabienes, el grupo Ortega-Trujillo es propietario de varias empresas entre las que se encuentra Anglo Automotriz, hasta hace poco concesionaria de la marca Chevrolet en Ecuador (todas ellas se encuentran intervenidas, mas no liquidadas).

Esta última compañía pasa actualmente por inconvenientes relacionados con obligaciones incumplidas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El organismo informó que a la fecha la deuda de Anglo -cuyo representante legal es Fabián Ortega Trujillo-, es de  $ 1’046.457,33, lo que no incluye intereses.

Según información proporcionada a EL TELÉGRAFO se iniciaron juicios de coactiva contra la empresa, y el 11 de febrero se dictaron medidas cautelares que permitieran la retención de dichos valores en las cuentas de sus representantes.

De acuerdo a una empleada de Anglo, quien prefirió mantener su nombre en reserva, algunos empleados no pueden jubilarse aún debido a que la empresa no ha  cumplido con sus aportes.