Está previsto que hoy se realice un reconocimiento médico a Jorge O. T., gerente general de la inmobiliaria Terrabienes, para verificar si puede ser trasladado a la penitenciaría, luego de que un juez le dictara presión preventiva.

Jorge O.T. fue detenido la noche del jueves por pedido del fiscal de acción inmediata Julio Vacacela, pero fue trasladado a la clínica Guayaquil por un quebranto en su salud. El juez Patricio Vidal abrió instrucción fiscal en contra del empresario, el viernes pasado, por un presunto delito de estafa al haber incumplido con la construcción del macroproyecto Arcos del Río, ubicado en el km 1,6 de la autopista Pascuales-Terminal Terrestre.

Se estima que más de 1.200 clientes habían pagado parte de sus viviendas e incluso algunos habrían cancelado la totalidad de los inmuebles, pero estos nunca fueron entregados.

Rafael Candell, patrocinador de un grupo de afectados, señaló que hoy se pedirá que las denuncias que se encontraban en manos del fiscal Walter Suárez, quien ya había realizado inspecciones, tanto en las oficinas de Terrabienes como en las obras, pasen a manos de Vacacela para continuar con las investigaciones durante los 90 días que durará la instrucción fiscal.

También se pedirá a la Fiscalía que los pagarés firmados por los afectados y que no fueron devueltos sean puestos en custodia legal con el objetivo de que no sean utilizados con otros fines.

El gerente de Terrabienes envió la semana pasada un comunicado confirmando que un grupo empresarial estaría interesado en continuar con el proyecto de Arcos del Río, pero hasta el momento no se ha revelado su nombre por un tema de confidencialidad.

Candell insistió en que no se trata de apresar al dueño de Terrabienes, “sino de buscar una solución al problema”.

Los afectados piden que para continuar con la construcción, se forme un fideicomiso, dentro del cual los perjudicados acepten pagar el 10% adicional, pero con la condición de que el grupo empresarial entregue bienes como garantía para que, en caso de que no se pueda continuar con el proyecto, estos sean rematados y el dinero devuelto a los perjudicados.

El jurista recordó que Terrabienes realizó negocios ficticios debido a que los clientes nunca firmaron un contrato de compra-venta, sino un mandato de promesa de futura venta para un proyecto, y que esta figura no existe en la ley ecuatoriana.