Centenas de clientes perjudicados por la inmobiliaria Terrabienes, de propiedad de la familia Ortega-Trujillo,  dicen sentirse en una especie de ‘limbo’. Las casas ofrecidas en la urbanización Arcos del Río en la autopista Terminal Terrestre-Pascuales, jamás fueron construidas y ahora, luego de que la Superintendencia de Compañías (SB) interviniera el grupo empresarial, tampoco saben qué ocurrirá con el dinero que pagaron por ellas.

Ayer un grupo de al menos 70 personas presentaron sus denuncias formales ante la Defensoría del Pueblo (DPE), en contra de la constructora que les vendió el sueño de tener vivienda propia.

Wendy Marín fue una de las primeras en llegar. Contó que hizo la reserva de su casa en 2011 y esperaba su entrega para agosto del año pasado, sin embargo, la inmobiliaria justificaba la demora con la falta de permisos municipales, inicialmente por el paso de un puente en la zona y luego por el cableado subterráneo y por la acometida de 220 para la instalación de cocinas de inducción.

Ahora Marín, quien pagó a Terrabienes más de $ 23.000, entiende que no fue así. La urbanización Arcos del Río estaba compuesta por 3 etapas: Veranda del Río, Ceibos del Río y Olivos del Río. En la última se construyó apenas un pequeño centro comercial.

Extraoficialmente se supo que la inmobiliaria nunca solicitó permisos de construcción para las 2 primeras partes y, considerando que cada una de las etapas estaba pensada para  un promedio de 400 familias,  a grosso modo se estima que serían 1.200 las perjudicadas.

Pero las quejas contra la constructora de la familia Ortega no son  nuevas. Según la coordinadora zonal de la DPE, María José Fernández, desde hace varios años Terrabienes soporta denuncias por averías en las viviendas de sus proyectos anteriores, producto del uso de materiales de mala calidad.

En tanto que las denuncias por incumplimiento vienen haciéndose de forma “preocupante” desde hace 3 semanas, con un promedio diario de 20. Por ahora los clientes deberán esperar una audiencia prevista para el 25 de febrero entre representantes de la SC y la DPE para conocer lo que ocurrirá con la empresa y su dinero. Si se encontraran indicios de cometimiento de un delito, como estafa, el caso se remitirá a la Fiscalía.  

Los clientes que fueron ayer hasta las oficinas de Terrabienes encontraron un cartel con los datos de un estudio jurídico a través del cual se les devolvería sus valores.

Pero a Fernández no le sorprenden las quejas en temas inmobiliarios, pues asegura que al menos 7 compañías distintas tienen quejas abiertas en el organismo, aunque prefirió no dar sus nombres.

De hecho, muchos proyectos urbanísticos se ofertan y venden incluso sin servicios básicos, como en el caso de la inmobiliaria Promaga, con su ciudadela La Nueva Gran Ciudad, en Durán, que protagonizó el año pasado una fuerte polémica con al menos 5.000 familias perjudicadas.  

Vulneración de derechos

La principal de la DPE explicó que lo que se configura con el incumplimiento de la constructora es una vulneración del derecho a la vivienda, lo cual está consagrado en el artículo 36 de la Constitución, pero cree que más allá del plano contractual, la empresa “rompe un proyecto de vida” de sus clientes, considerando que “la media de la población ecuatoriana tiene como sueño la obtención de vivienda propia”.         

El 9 de febrero la SC solicitó a un juez constitucional que emita medidas cautelares contra los principales accionistas y administradores del grupo Ortega, que incluye además de Terrabienes, Ecuafontes y Anglo Automotriz Sociedad Anónima (Anauto).   

De ahí que María del Carmen Valdiviezo se sienta perjudicada por partida doble. Además de la casa en Arcos del Río, adquirió un vehículo en Anglo por el cual paga $ 490 al mes, y ahora fue obligada a adquirir un nuevo seguro por $ 90 y desconoce la razón.