Al menos 100 clientes del proyecto Arcos del Río, de la inmobiliaria Terrabienes, estuvieron presentes ayer en una reunión de trabajo efectuada por la Defensoría del Pueblo, en donde se expuso la situación de la empresa y se plantearon posibles soluciones al incumplimiento en la entrega de viviendas.

Representantes legales de la promotora, de propiedad del grupo Ortega-Trujillo e intervenida a inicios de mes por la Superintendencia de Compañías (SC), insistieron en la posibilidad de continuar con el proyecto, puntualmente en el conjunto Olivos del Río, que sí tiene permisos municipales.

Daniel Brito, uno de los abogados de Terrabienes, explicó que, del monto pagado por los clientes como entrada, la inmobiliaria requiere un 10% más que se destinará a un fideicomiso que garantice la realización de las obras.No obstante, esta propuesta ya se planteó la semana pasada.

En dicho caso, las viviendas se entregarían en diciembre de este año o a más tardar a comienzos de 2016. Por el contrario, quienes no deseen continuar en el plan habitacional -agregó el jurista- podrían recibir un terreno en dación de pago. La última propuesta generó protestas entre los clientes, muchos de los cuales grabaron la cita con  sus teléfonos celulares. Otros exhibieron carteles con epítetos hacia Ortega.

Rafael Candell, abogado de varios los afectados, respondió que la transferencia de dominio de estos terrenos sería imposible, pues no pertenecen a Terrabienes sino al Fondo de Cesantía del Magisterio, además de que sobre ellos pesan un fideicomiso y una hipoteca.

Christian Castelblanco, también abogado de la compañía, puntualizó que esto no impide la transferencia porque existe un gravamen en garantía y que los terrenos “están liberados”.

Sin embargo, Candell expresó que la propuesta de Terrabienes era como el ‘cuento del gallo pelón’, lo que causó mayor agitación entre los presentes.

La audiencia tuvo momentos sensibles, como cuando Javier Huamán, un policía retirado, recordó a la delegada de la DPE, María José Fernández, que él había pagado la casa al contado por $ 72.000 con el dinero de su jubilación. Su esposa tuvo que recibir asistencia, pues el relato desató su llanto.

Los abogados animaron a los presentes a “ceder” para llegar a acuerdos, y argumentaron que su presencia en el sitio era prueba de que este no era un caso de estafa.