El fiscal Walter Suárez realizó ayer un reconocimiento de los terrenos en donde la Inmobiliaria Terrabienes debió construir el macroproyecto Arcos del Río, en el km 1,6 de la autopista Terminal Terrestre en Guayaquil.

Esta diligencia es parte del proceso solicitado por la Fiscalía para indagar un presunto delito de estafa por parte de la compañía del grupo Ortega Trujillo, a más de 1.200 clientes que no recibieron sus viviendas en el tiempo establecido en el contrato.

Según Suárez, el objetivo de la inspección es, además, establecer el avance de la obra, saber si cuenta con los servicios básicos y la supuesta afectación del puente que construye el Municipio de Guayaquil en la zona.

Al recorrido acudió el gerente general de la compañía, Jorge Ortega Trujillo, quien conversó con la autoridad y explicó detalles del proyecto y los costos de los terrenos. También se refirió a posibles salidas al incumplimiento que, hasta ahora, ha generado cientos de denuncias.

A las 09:00, hora fijada por la Fiscalía, decenas de personas llegaron hasta el sector, en donde ahora  luce solo un cartel gastado de la inmobiliaria y un centro comercial a medio construir.  

Si bien el camino de acceso tiene un trecho pavimentado, el resto del terreno es apenas fango seco, hierbas y piedras.

Durante el recorrido, la sola presencia de Ortega exacerbó a algunos  perjudicados que no dudaron en decirle en la cara aquello que le tenían reservado por meses: “¡Te he pagado $ 40.000 Ortega, dónde está mi dinero!”, “confiamos en usted, ¿dónde están sus 40 años de experiencia?”. “¡Vende el proyecto a alguien que pueda construir!”.

Entre epítetos, los compradores de Arcos del Río “persiguieron” por cerca de 2 horas al gerente de la inmobiliaria y a la comitiva de la Fiscalía mientras se inspeccionaban las obras.

Por momentos las expresiones de indignación de los clientes perturbaban el desarrollo de la diligencia, como cuando Ortega insistió en que una de sus propuestas es entregar los terrenos en dación de pago, pero que, considerando el valor por urbanizar y los costos administrativos y financieros, estos pasarán de $ 160 a $ 280 el metro cuadrado (m2). “Yo estoy proponiendo entregar un terreno urbanizado, no sin terminar”, dijo.

A paso rápido y bajo un fuerte sol, el fiscal hizo una nueva parada y consultó a Ortega sobre las fechas de entrega de las casas. El empresario dijo que algunas viviendas estaban previstas de entrega a finales de 2014 y que para otras, no recordaba si el plazo llegaba a 2017.

Luego llegó el turno de los representantes del Municipio que exhibieron el plano maestro de Arcos del Río aprobado, pero que, según dijeron, es solo referencial. El fiscal confirmó que únicamente la primera etapa tiene permisos para construir y por lo tanto, la única que cuenta con servicios básicos. “¿Cómo pudiste vender así los terrenos?”, inquirió otro de los clientes, a lo que Ortega respondió: “Fue una promesa de venta, que es diferente a vender”. La reacción de los compradores fue de perplejidad.

Ya casi al final del procedimiento, y abriéndose paso entre la multitud, Sharon Parrales llegó hasta Ortega para exponerle su caso. Con voz afable, el empresario le preguntó su nombre, cuánto había pagado y si estaba al día en sus cuotas. “Yo pagué $ 22.000, pero no voy a pagar un centavo más, porque usted está incumpliendo, señor Ortega”, expresó Parrales.

El gerente de Terrabienes le dijo que debía seguir pagando, pues en una situación así, “hay que buscar salidas inteligentes”.

Consultado por este Diario sobre si continúa en pie el compromiso por parte de una empresa constructora de culminar las obras de Arcos del Río, dijo que sí, pero que para cristalizarlo era necesario llegar a un acuerdo con los compradores y que estos continúen haciendo sus pagos.

Una vez más se negó a decir el nombre de la empresa por temas de confidencialidad.

DATOS

La inspección técnica buscó establecer si los terrenos contaban con permisos municipales y si tenían servicios básicos. Únicamente uno de los proyectos tenía el tema en regla.

Según el fiscal Walter Suárez, el Municipio negó que la construcción del puente, que unirá Samborondón con Guayaquil sea la causa para que el proyecto no se haya concluido dentro de los plazos.

Luego del allanamiento de las oficinas de Terrabienes, la Fiscalía designó a los peritos informático y contable, tanto para extraer la información de los equipos como para confirmar su situación financiera.

Terrabienes, con 2 empresas más del grupo Ortega Trujillo, fue intervenida por la Superintendencia de Compañías por problemas de liquidez, aunque esto no significa que estén disueltas.