Una  comitiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) visitó este fin de semana las comunidades ecuatorianas de Sarayacu y Jatún Molino, un hecho sin precedentes, ya que la entidad nunca antes había escuchado testimonios en el lugar de los hechos.

Diego García, presidente de la Corte, escuchó a nueve sarayacus, que contaron las consecuencias de la explotación petrolera emprendida en 1996 por la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC), haciendo énfasis en que el Estado le había entregado a esta empresa el derecho de explotar petróleo en la tierra de los sarayacus, sin consultarles previamente.

Entonces, la compañía entró al territorio, con el apoyo de soldados ecuatorianos, mientras que la comunidad se movilizó para defender sus tierras y logró expulsar a la empresa tras una disputa que no ha causado víctimas.

El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo en una rueda de prensa que el Estado ecuatoriano condena los actos invasivos ocurridos en años anteriores y considera que la comunidad tiene derecho a una reparación. “Por lo tanto, invito a la contraparte a sentarnos y conversar; toda reparación que haya que hacer a la comunidad, el Estado está dispuesto a realizarla”, precisó.

En respuesta, José Gualinga, presidente de Sarayacu, manifestó enfáticamente: “Aceptamos con mucho respeto la propuesta del Estado, sin embargo, el pueblo sarayacu ha decidido que el proceso está en las manos de la Corte y, después de la sentencia, estará gustoso de sentarse para implementar el veredicto”.

El presidente de la CIDH expresó: “[…] ha sido una jornada en la que todo ha transcurrido con un respeto recíproco entre las partes, en una lógica constructiva que no hace más que poner de manifiesto el compromiso de todos los actores involucrados con los valores y principios democráticos”.