A medida que los cancilleres de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) intervenían en la 46 Asamblea General, que se realizó ayer en Washington, las propuestas de Ecuador se iban fortaleciendo.

Si bien es cierto que la mayoría de ministros de Relaciones Exteriores  defendió el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también dejaron en claro que el actual sistema debe cambiarse.         

Los principales puntos fueron la universalización del sistema y su financiamiento. En el primer tema, la mayoría de intervenciones coincidió en que no puede haber Estados por fuera de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

De hecho, el canciller chileno, Alfredo Moreno, invitó a Estados Unidos a ratificar el Pacto de San José como también se conoce a la CADH. Una opinión similar expresó el delegado de Guatemala.

La delegada brasileña, en cambio, reconoció la existencia de una asimetría en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En un lado están los países comprometidos que han firmado todos los instrumentos internacionales; y en el otro se ubican los que no reconocen la jurisdicción de los organismos de justicia supranacionales. Esa situación, reconoció, debilita la integración.

El financiamiento fue otro punto clave. Por ejemplo el canciller argentino aseguró que existe poco interés de los países en el SIDH porque mientras sus economías han crecido sus aportaciones económicas no.  

Y se preguntó que cómo era posible que un solo país, en referencia a Estados Unidos, financie el 63% del presupuesto de la OEA, mientras que los otros 33 estados entreguen el saldo. 

Minutos antes de que inicie la Asamblea General, un grupo de cancilleres anunció que sus respectivos países aumentarán sus desembolsos al SIDH.    

“En una reunión previa a la Asamblea, algunos de los Estados miembros anunciaron un aumento de financiamiento voluntario, entre ellos Argentina, Canadá, EE.UU. y México”, dijo José Antonio Meade, ministro de Relaciones Exteriores azteca.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, William Burns, anunció en su turno una contribución adicional de 1 millón de dólares a la CIDH.

Argentina ya anunció a principios de marzo que elevaría su contribución voluntaria anual a la CIDH a 400.000 dólares.

Meade consideró que “mientras la CIDH no pueda ser financiada de manera íntegra por la OEA, se deberán conservar las donaciones externas para que pueda mantener su labor y se implementen las reformas”.   

Justamente la financiación y la universalización del SIDH fueron las propuestas de reforma que ha impulsado Ecuador, liderando a un grupo de países, sobre todo a los de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Por eso quien abrió las ponencias fue el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño.  Él se negó  a apoyar un proyecto de resolución para cerrar el proceso de reforma de la CIDH que “se ha ido entibiando”, y pidió más tiempo para afrontar “una Comisión en crisis”, que se ha dotado a sí misma de una independencia que “no le han dado” los Estados.  
“La Comisión fue creada por los Estados, y se debe a los Estados. Y los Estados de la OEA no hemos decidido nunca que los comisionados de la CIDH sean autónomos e independientes”, sentenció.

“Su autonomía debe tratarse únicamente de que sus comisionados sean independientes a la hora de cumplir con sus funciones, pero no a la hora de decidir cuáles deben ser sus funciones”, agregó. “La pregunta que debemos hacernos es: ¿autónomos e independientes de quién?”, cuestionó.

Lamentó que la resolución que debaten los cancilleres, elaborada en el Consejo Permanente de la OEA para cerrar un largo proceso de reforma, “comenzó siendo fuerte y cada vez va entibiándose más”.

“Nuestro criterio es que este proyecto ha llegado absolutamente aguadito a la Asamblea General, y no compartiremos una resolución de esta naturaleza que no dice absolutamente nada”, agregó.

“Le estamos diciendo al secretario general (de la OEA) que cerremos el debate, y el debate recién comienza”, continuó Patiño, que junto a las delegaciones de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia ha presentado una propuesta alternativa para prolongar al menos durante unos meses el debate sobre el proceso de reforma.  

La propuesta de esos cuatro países  pide dar un mandato al Consejo Permanente de la OEA “para que continúe el diálogo sobre el funcionamiento del SIDH”  y presente el resultado “a la XLIV Asamblea General Ordinaria”, que tendrá lugar en 2014.
Pese a que su proyecto habla de esa fecha, Patiño dijo en su intervención que lo que se pretende es tratar el tema “en la siguiente Asamblea General ordinaria en Guatemala (que se celebrará en junio de este año) o en algún otro momento”.

Esa fue la propuesta de Patiño, luego de que reconociera, al inicio de la reunión, que no había consenso entre los países.
Al parecer las diferencias ya no serían sobre conceptos sino en cuanto al lenguaje que se utilizará. Por ejemplo en la universalización se discute el verbo a usarse: si es exigir, invitar o conminar a todos los países americanos a ratificar el Pacto de San José.     

En cuanto a la financiación, el asunto es más complicado pues no hay consenso entre cuánto debería entregar cada país y a partir de qué fecha. Además está el desacuerdo entre prohibir o no las donaciones de terceros.

En su discurso, Patiño criticó las atribuciones que la CIDH “se arroga” a la hora de dictar medidas cautelares de protección a las víctimas, que según Ecuador solo son competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

“Dice el Estatuto de la Comisión, que ésta puede solicitar a la corte que tome decisiones en asuntos graves y urgentes. Eso lo ha entendido como que tiene la potestad de dictarlas”, señaló.

En cuanto al debate sobre la financiación de las ocho relatorías de la CIDH, dijo que Ecuador está “absolutamente de acuerdo en que haya una relatoría de libertad de expresión”, pero “no puede aceptar que haya relatorías de segunda, tercera y cuarta, que no reciban ninguna atención de la Comisión”, algo que “es una vergüenza”.
Ese punto fue apoyado por el representante de El Salvador, quien dijo que no puede haber una relatoría más importante que la otra ya que todas deben ser iguales.

Por otro lado, Patiño reiteró su reivindicación de trasladar la sede de la CIDH desde Washington a un país latinoamericano, con el argumento de que EE.UU. no ha ratificado la CADH.

“Es como si la sede de la OTAN estuviera en Quito”, afirmó Patiño, quien aseguró haber recibido “presiones” para “coartar nuestra capacidad de decisión hoy aquí”.
Los países de la ALBA secundaron a Patiño. Por ejemplo Denis Moncada, embajador de Nicaragua ante la OEA, indicó que el grupo de trabajo creado hace un año para presentar un proyecto sobre reformas al SIDH emitió un informe.

Dijo que ese documento debió centrar el debate, el cual en realidad se realizó sobre una propuesta presentada por la propia CIDH, por lo que advirtió que aceptar eso sería disminuir la soberanía de los estados.

Mientras que  el representante de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, subrayó que su país se declara “en rebeldía” contra un SIDH “corrupto y pusilánime”.

Chaderton propuso que se mude la sede de la CIDH “bien al sur del continente” y mencionó a Buenos Aires, aunque aseguró que “el escepticismo” de su Gobierno “es irreversible” y que Venezuela “constata que el sistema se derrumba año tras año”.
Sobre este punto no hay consenso ya que algunos países también han propuesto San José, donde trabaja la CorteIDH.

“El SIDH (...) hoy ampara a golpistas y terroristas de ultraderecha aunque de vez en cuando, y para compensar, abraza alguna que otra causa justa”, denunció el venezolano.

En medio del debate, el secretario General de OEA, José Miguel Insulza, subrayó su intención de “mantener a toda costa la autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Hasta el cierre de esta edición los debates continuaban y aún no se adoptaba una resolución final.