Cuando el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco Henríquez, presentó el informe anual del organismo, efectuó una autocrítica. “Si bien se han registrado avances importantes en la implementación de las recomendaciones y en el cumplimiento de las decisiones de la Corte, aún no se ha logrado avanzar en un nivel de cumplimiento que permita garantizar la efectividad de las decisiones del sistema”, señaló.

Justamente este ha sido uno de los reclamos de Ecuador y otros países al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Quito lamenta que solo siete países del continente hayan firmado los instrumentos internacionales referentes al tema. Además objeta porque hay estados que no reconocen a la CorteIDH.

Para Orozco Henríquez el informe presentado recientemente representa el cierre de un ciclo, ya que es el último reporte que habrá sido preparado bajo los lineamientos del actual reglamento. Y es que desde el 1 de agosto entrarán en vigor cambios a las normas, políticas y prácticas de la Comisión, como resultado de los procesos de revisión iniciados en 2012. “Todos los recursos y esfuerzos que estaban dedicados a ese proceso (de reforma) han vuelto al trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, que constituye la esencia de nuestro mandato”, indicó el titular de la CIDH. “Tenemos la conciencia clara de que enfrentamos retos muy importantes”, agregó.   

Por eso Orozco Henríquez calificó como un desafío de “pronta resolución  la completa ratificación de todos los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos”.
Las reformas a implementarse incluyen una completa reestructuración del informe anual, a fin de ofrecer información que sea más útil y accesible, aumentar la transparencia y mejorar sus mecanismos de rendición de cuentas.         

En materia de medidas cautelares, se promoverá la certeza jurídica a través de la publicación del fundamento en que la Comisión basa su decisión. “Tenemos que asegurar que la emisión de resoluciones sea un valor añadido para el Sistema, y bajo ninguna circunstancia un óbice a la eficiencia y eficacia de las medidas”, afirmó.
Respecto del Sistema de Petición Individual, las reformas de la Comisión están destinadas a hacer más explícitos y predecibles los criterios que aplica.

Orozco Henríquez advirtió que los cambios  requerirán de un aumento significativo de recursos financieros. En este sentido, expresó que la CIDH espera que se haga una “realidad la voluntad expresada por los Estados Miembros” en la Asamblea General del 22 de marzo de este año, cuando reafirmaron su compromiso de lograr el pleno financiamiento de la entidad a través del Fondo Regular de la Organización.

La Comisión espera que el compromiso de los estados miembros  se refleje en la asignación de recursos adicionales para sus operaciones, en la ratificación de todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos y en el cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de los órganos del sistema.

Cambios

La CIDH reformó los artículos 25, 28, 29, 30, 36, 37, 42, 44, 46, 59, 72, 76 y 79 de  su reglamento. Se adoptaron medidas en materia de política y de práctica institucional, incluyendo modificaciones al Plan Estratégico, cuya implementación estará sujeta a la disponibilidad de los recursos respectivos de forma sustentable y previsible.

Según la CIDH, el  objetivo era fortalecer la capacidad de la Comisión de cumplir, en forma independiente y autónoma, su mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.

El organismo, indicó, tuvo la seguridad jurídica con la flexibilidad necesaria para responder a los requerimientos de las personas en riesgo, promoviendo el acceso de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos al Sistema Interamericano.

El comunicado institucional agrega que la reforma busca identificar las mejores prácticas y retos de los estados miembros en “la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad”.

“Para el cumplimiento de su mandato debe desarrollar en forma armoniosa sus funciones de promoción y protección, y  apoyar a los estados miembros en el cumplimiento de sus responsabilidades internacionales para fortalecer sus capacidades internas y perfeccionar sus mecanismos para la protección de los derechos humanos”, reza el texto.

Durante 2012, la CIDH recibió 1.936 nuevas peticiones individuales y se admitieron a trámite 137. Recibió 448 solicitudes de medidas cautelares y otorgó 35. Publicó 42 informes de admisibilidad, 17 sobre peticiones declaradas inadmisibles, 8 de solución amistosa, 42 informes de archivo, y aprobó 15 informes sobre el fondo. Por último, sometió 12 casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

ORGANISMO QUIERE AMPLIAR CASOS QUE ESTUDIA EN SESIONES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 147 período ordinario de sesiones del 7 al 22 de marzo de 2013.

El organismo está integrado por José de Jesús Orozco Henríquez, presidente; Tracy Robinson, primera vicepresidenta; Rosa María Ortiz, segunda vicepresidenta; Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, y Rose-Marie Belle Antoine. El Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza L.

Durante el 147 período de sesiones se celebraron audiencias y reuniones de trabajo, y se aprobaron informes sobre casos y peticiones individuales. Las audiencias y los informes abordaron problemas en materia de derechos humanos que aún persisten en la región.

Por ejemplo se analizó el respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la situación de los niños, los migrantes, los activistas, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de la libertad y las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, entre otros asuntos.

Por primera vez en su historia la CIDH celebró una audiencia solicitada por un grupo de estados. Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y República Dominicana realizaron un llamado a aquellos estados de la región que aún no han abolido la pena de muerte a que consideren su abolición o declaren una moratoria.