La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información afirmó que para lograr el fortalecimiento efectivo de la CIDH es necesario que los Estados “asuman una responsabilidad de largo plazo en el financiamiento de dichos órganos, sin minar sus capacidades de recaudar otros fondos y sin condicionamientos previos”.

Además  solicitaron a los cancilleres de los 34 países que integran la OEA, reunidos en Washington, “la autonomía funcional y financiera de estos órganos de derechos humanos”, detalla el comunicado de la Alianza.

Otra organización no gubernamental que se hizo eco de este pedido fue la Coalición Internacional de organizaciones por los derechos humanos.

Las organizaciones civiles insistieron en que el proceso de reforma “no se ha enfocado en mejorar la efectividad o respuesta del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ni el grado de cumplimiento por parte de los Estados con las decisiones de la Comisión y la Corte, que es la debilidad central del sistema”.    

La Coalición mostró su  preocupación al no haberse logrado una mejora del financiamiento tanto de la CIDH como de la Corte Interamericana.

“Los Estados, por medio de la OEA, solo proveen el 55% del presupuesto de la CIDH, y además varios Estados quieren limitar  su capacidad de recibir fondos externos.

Esto implicaría que casi todas las relatorías y la propia CIDH perderían cerca del 45 % de sus ingresos, que proviene de fuentes externas”, explicó  Tirza Flórez, representante de la Asociación de Jueces por la Democracia. Mientras que el representante de Amnistía Internacional ante la OEA, Renzo Pomi, insistió en que “muchas de las propuestas que se han hecho en estos dos años (...) tienden a afectar la autonomía y la independencia. Hay un error de varios gobiernos del hemisferio en pensar que porque estamos pasando un momento de auge democrático esas democracias no deben ser supervisadas como han sido supervisados nuestros gobiernos en el pasado”, dijo.

Mientras que María Isabel Salvador, delegada ecuatoriana en la OEA, explicó que la propuesta no limita el financiamiento sino que se busca que el dinero vaya a un fondo común y sea repartido de forma equitativa entre las relatorías y de esa forma  no existan compromisos. Lo que se quiere  lograr es independencia en las decisiones del organismo.