Fortalecer el funcionamiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) es uno de los objetivos que persiguen los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Así lo afirma la representante de  Ecuador ante el organismo internacional, María Isabel Salvador, quien denuncia que se ha iniciado una campaña mediática en contra del Gobierno ecuatoriano, en la cual se lo acusa, sin ninguna justificación, de  querer  destruir la Relatoría para la Libertad de Expresión.       

En diálogo con El Telégrafo desde Washington, la diplomática  aclara la posición de Ecuador frente a las recomendaciones que han propuesto los cancilleres de los estados miembros  del organismo  para  mejorar la CIDH y que, recientemente, fueron aprobadas por el Consejo Permanente del organismo. También habla sobre los problemas de financiamiento que atraviesa la OEA y anuncia que Panamá está dispuesto   a ser la  sede del bloque, en lugar de Estados Unidos.         

¿Qué  proceso  se siguió para  elaborar el informe aprobado por el Consejo Permanente de la OEA?

El proceso inició el año pasado en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. En  la reunión de los cancilleres se hizo una propuesta a partir de una iniciativa, presentada por la canciller de Colombia, que fue apoyada por todos para que el Consejo Permanente  realice un análisis sobre   la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de buscar mecanismos para mejorar su funcionamiento. De ahí, el Consejo Permanente creó a finales de junio el Grupo de Trabajo que realizó el informe que recoge  una serie se sugerencias de   los estados miembros.

¿Cuáles son los cambios que se proponen en dicho informe?

Los temas que se han tratado son muchos  y conciernen a los procedimientos,  financiamiento y en cómo lograr que la Comisión se convierta en promotor de los derechos humanos en América. Las  recomendaciones no solo son para  la Comisión, sino  también para los estados miembros y  la Secretaría General de la organización. Estos tres actores tienen que hacer acciones para mejorar el objetivo macro de mejorar el funcionamiento de la CIDH.

Diversas organizaciones señalan a Ecuador como el  promotor de las recomendaciones con la intención de debilitar  la Relatoría para la Libertad de Expresión. ¿Qué dice a esto?

En ningún caso Ecuador ha impuesto posiciones o ha dirigido sus intervenciones con un sesgo específico hacia la Relatoría para  la Libertad de Expresión. Desgraciadamente desde hace  tres semanas se inició una campaña mediática   fuerte indicando que Ecuador lo que busca es destruir   la relatoría, que  quiere quitarle los recursos y eso no es así. Ecuador ha respaldado las recomendaciones y ha planteado su propias posiciones, pero este informe recoge criterios de todos los estados miembros.  En el tema del financiamiento, la delegación ecuatoriana sí ha resaltado la necesidad de que la organización se financie con los recursos regulares de la OEA  y esto se basa en la línea de la universalidad, un principio fundamental de los derechos humanos.

Precisamente este es el  punto que más preocupa a las ONG. ¿Por qué es importante establecer un presupuesto equitativo entre las  nueve relatorías de la CIDH? 

Los derechos humanos son universales e independientes, esto significa que no hay  unos que sean más importantes que otros, de tal forma que todas las relatorías tienen que ser atendidas de la misma manera. Hay nueve relatorías  que tienen que ver con los derechos de libertad de expresión, de la mujer, de los niños, de los pueblos afrodescendientes, pero  varias  no funcionan en toda su capacidad porque no cuentan con los recursos suficientes.  Entonces, lo que buscamos no es reducir los recursos de la Relatoría para la Libertad de Expresión, sino que las otras tengan los mismos recursos y aplicar así el principio de universalidad.

¿Cómo se puede lograr un equilibrio en las aportaciones cuando Estados  Unidos, sin ser miembro, es uno de los mayores financistas del organismo?

Eso  no solo tiene que ver con el tema de la CIDH, sino con todo el funcionamiento de la OEA. El presupuesto regular del organismo proviene de los aportes de los estados  y esto se establece de acuerdo con el Producto Interno Bruto (PIB), la población de cada nación, etc., es  una fórmula que se usa en todos los organismos multilaterales,  eso hace que el presupuesto de la OEA esté financiado por el país más fuerte, que en este caso es Estados Unidos.  Eso no  está mal, pero incide de alguna manera en que un país tenga más influencia por los recursos que aporta.

¿Cuál es la propuesta para superar este problema de presupuesto?

Hay una serie de  propuestas que se   tratan  para que esto sea más equilibrado, pero en la práctica sucede que la OEA con los recursos que tiene ahora no puede financiar todas sus operaciones y entonces se ve obligada a  aceptar aportes extraordinarios no solo de los estados miembros sino de otras fuentes fuera de la organización, sean o no gubernamentales. En el caso de la CIDH la situación todavía es más grave, porque la  OEA al estar en  una situación de crisis económica tampoco puede financiar a la Comisión y esta por su propia cuenta tiene que buscar   recursos fuera,  es ahí donde Estados Unidos hace contribuciones   importantes, así como lo hace  la Unión Europea.  Lo que sucede es que todos esos países dicen: Quiero que estos recursos que estoy entregando se inviertan en esta línea específica, lo cual  hace que se genere un desequilibrio.

¿Ante esta situación se propone que los estados miembros de la OEA aumenten sus aportaciones?

Sí. Todo este fenómeno solamente puede ser contrarrestado con mayores recursos de los estados miembros, para que de alguna manera la OEA funcione adecuadamente y pueda financiar a sus órganos.

¿Ecuador estaría en capacidad de aumentar su aporte para la OEA, después de haber respaldado la creación de un organismo como la Celac para que la sustituya?

Creemos que la Celac es un espacio  adecuado para relacionarnos entre los países que tenemos mayor identidad. Sin embargo, pensar   que la Celac sea un organismo como la OEA requiere recursos. Entonces, ahí habría que preguntarse: ¿Estarían los estados realmente dispuestos a aumentar los recursos para mejorar  a la organización? En realidad sí es una pregunta válida, ya que es un tema de decisión  política   que tiene que ir acompañada de  recursos.

Ecuador y otros países también proponen el cambio de sede del organismo para que ya no sea en Estados Unidos, ¿pero qué tan complejo sería esto?

En este tema hay que ser claros. Ser la sede del organismo no solo significa   ceder un espacio físico  sino dar recursos.  Existe la posibilidad de mover la sede a un país diferente como Panamá, que ha dicho que estaría dispuesto a recibir a la Comisión. Esto ayudaría a dar un  equilibrio, ya que hay un elemento que destacar y es el hecho de que la mayoría de las personas que presenta  sus denuncias ante la CIDH, porque siente que sus derechos humanos han sido violentados por los estados,  tienen que viajar a la sede en Washington para presentar su defensa, pero lamentablemente Estados Unidos no les concede la visa. En este sentido, Panamá no pide visa a ninguno de los países de América,  ahí la gente puede llegar sin ningún problema, la propuesta ayudaría a avanzar en este tema, pero todavía se está discutiendo al interior del organismo.