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El Telégrafo
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Propuestas de reforma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Propuestas de reforma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
11 de marzo de 2013 - 00:00

Universalidad: Ecuador propone se realice una reforma al Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “si para el 1 de enero de 2015, un Estado no ha ratificado o adherido a todos los instrumentos interamericanos, dejará de gozar de los derechos consignados en el Artículo 3-, sobre el cual también se propone una reforma- así, los miembros de la Comisión serán elegidos de una lista de candidatos de los Estados miembros que hayan ratificado o adherido todos los instrumentos interamericanos sobre Derechos Humanos.

Equilibrio entre las funciones de promoción y difusión: Se propone una reforma al Estatuto, en la que se incluye expresamente como función de la CIDH “promoción, difusión y capacitación”

Perfeccionar estándares: Conforme propuesta, los estándares deberán ser formulados desde una visión positiva que refleje el trabajo y esfuerzos de los Estados en avanzar en el cumplimiento de obligaciones, incluyendo los Derechos Económicos Sociales y Colectivos (DESC), derechos colectivos, ambientales y de desarrollo. Considerando que estos últimos no se encuentran en el Pacto de San José, se propone un párrafo para resolución de la AG “encargar al Consejo Permanente elaborar un nuevo capítulo que los contemple hasta el 1 de diciembre de 2013”.

Incorporación del Informe de las Relatorías al Informe Anual: Para garantizar la participación igualitaria de las Relatorías, el informe será único y con la inclusión de informes temáticos. Del mismo modo, en la propuesta se aborda la reforma a las Relatorías, las mismas que pasarán a ser asesorías o peritos especializados de la Corte IDH, conforme ésta los solicite. Se apoya además que haya un equilibrio en los recursos financieros para que cubran igualitariamente a todas las Relatorías.

Sobre la implementación de recomendaciones de la CIDH y decisiones de la Corte: Se propone la creación de una Comisión Técnica Permanente de Supervisión y Monitoreo, mismo que podría funcionar en el marco de la Comisión de Asuntos Juírdicos y Poílticos (CAJP) de la OEA.

Sede de la CIDH: Ecuador propone una reforma al Estatuto, para que la sede se
ubique en un país miembro que haya ratificado o adherido a todos los instrumentos interamericanos y que reconozca la jurisdicción de la Corte IDH.

Elección de comisionados: Relacionada a la problemática de la universalidad, Ecuador propone una condición para ser electo comisionado, esto es que su país haya ratificado o adherido todos los instrumentos interamericanos sobre DDHH.

Código de conducta para Relatores: En el Informe del Grupo de Trabajo de Reflexión para el Fortalecimiento de los DDHH, se recomendó a la CIDH “el establecimiento de un Código de Conducta, que regule la gestión de las Relatorías”.

Ecuador plantea la inclusión del siguiente párrafo en la Resolución que adopte la Asamblea General: “El Comité Jurídico Interamericano elaborará un Código de Conducta para las Relatorías, mismo que deberá ser presentado al Consejo Permanente hasta el 1 de diciembre de 2013, previa aprobación de la Asamblea General, convocada para resolver sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Financiamiento: La propuesta de Ecuador sobre las recomendaciones, contempla ratificar la necesidad de generar un esquema de dos vías paralelas y complementarias.
Financiamiento progresivo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) con recursos asignados fundamentalmente del presupuesto regular de la OEA, para cubrir de manera adecuada las necesidades identificadas por los Estados y los órganos del sistema. Su estructuración deberá aplicarse plenamente desde el 1 de enero de 2014.
Financiamiento mixto, mediante recursos del presupuesto regular y recursos provenientes de contribuciones voluntarias, las mismas que se distribuirán equitativamente y sin fines específicos para todos los órganos del SIDH, incluyendo las relatorías. Este esquema entrará en vigor inmediatamente.

Medidas Cautelares: Ecuador estima que es necesario que esta competencia sea trasladada completamente a la Corte y que mientras se considere esta propuesta, se elabore un Plan de Trabajo de transición, es decir la CIDH podrá aún tramitar estas medidas pero bajo los siguientes términos:
Previo a adoptar esta medida, la CIDH deberá verificar la situación, que se hayan agotado las instancias nacionales; que se identifique a los beneficiarios (incluidos aquellos colectivos); que se cuente con un cronograma de trabajo para la revisión de esta medida; que en la imposición de la medida se circunscriba a la gravedad y urgencia de la situación, que ésta sea jurídica y fácticamente motivada, que se refleje el voto de los comisionados y que la información sea veraz y verificable.
→ Se ratifica la creación de una Comisión Técnica de Supervisión y Monitoreo sobre las recomendaciones y decisiones de los órganos del SIDH.
→ La Corte IDH será instancia de impugnación sobre la decisión de aplicación de medidas cautelares impuestas por la CIDH, mientras dura la transición.

Mecanismo de Soluciones Amistosas: La propuesta de Ecuador sería que además de la solución amistosa, se promueva una verdadera mediación entre Estados y víctima, es decir desde una perspectiva preventiva litigiosa, conminar a la CIDH a ejercer este mecanismo. Igualmente destacar la necesidad de fortalecer las figuras de las defensorías del pueblo de los países para ejercer adecuadamente la defensoría de víctimas en el marco del sistema interamericano.

Tramitación de los Casos y Peticiones Individuales: La posición de Ecuador sería que la competencia semi-judicial de la Comisión pase a la Corte y que se considere un período de transición mientras el Consejo Permanente, la Corte y la Secretaría formulen un Plan de Trabajo para consideración de la Asamblea General. Mientras dura la transición, la CIDH deberá observar: un manual de admisibilidad de casos; motivar la admisibilidad; individualización de presuntas víctimas; poner en práctica plazos para cada etapa procedimental; desarrollar criterios objetivos para archivo de peticiones; la implementación informática de los expedientes en la página web, a fin de permitir la consulta.

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