En una audiencia que se prolongó por más de una hora, el canciller Ricardo Patiño acusó ayer a la delegación de periodistas ecuatorianos -que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se investigue supuestos ataques a la libertad de expresión en el país- de defender los intereses particulares de grupos económicos que tienen bajo su control a varios medios de comunicación.

“Los destacados caballeros sentados frente a nosotros nunca vinieron a abogar, y ni siquiera a advertir, el incumplimiento de sus más elementales derechos”, dijo Patiño durante la audiencia ante la CIDH dirigiendo la mirada hacia la delegación de comunicadores que estuvieron liderados por el director de Fundamedios, César Ricaurte, quien había solicitado la diligencia internacional desde el pasado agosto.

El grupo de expositores de parte de los periodistas estuvo conformado también por Juan Carlos Calderón, autor del libro “El Gran Hermano, y Mauricio Alarcón, asesor legal de Fundamedios.

El canciller lamentó que esta delegación de periodistas que arribó a Washington para supuestamente defender la libertad de expresión no se haya presentado ante la CIDH en 1999 cuando el gobierno de Jamil Mahuad congeló las cuentas bancarias, lo que motivó el éxodo de más de dos millones de ecuatorianos debido a la crisis financiera. “Lo que vale para algunos son solo sus derechos y no los de la gente”, sentenció Patiño.

Sobre las acusaciones de estar limitando la libertad de prensa, el Ministro aseguró que la intención del actual régimen es la de reglamentar y poner bajo parámetros legales un sector como la comunicación. Basó su opinión al recordar que de 2005 a 2008 aproximadamente un tercio de todas las concesiones de frecuencias fueron repartidas de manera ilegal, situación que se está intentando regular.

De la misma manera, el diplomático sacó a relucir otro estudio, de marzo de 2011 de la Unesco,  que definió que ocho grupos de poder familiares tienen el control de la mayor parte de los medios de comunicación. “Todos están ligados a ilustres apellidos como Egas, Pérez, Mantilla, Alvarado, Martínez, Eljuri, Vivanco e Isaías. Ellos no están aquí porque prefieren que otros los representen”, insistió el canciller.

Patiño lamentó que estos conglomerados empresariales hayan “dosificado” por décadas la información a la ciudadanía para la conveniencia de sus negocios. Además indicó que cuatro sectores, ligados a los medios de comunicación, jamás perdonarán las medidas que ha adoptado el actual Gobierno: los evasores de impuestos, los tenedores de deuda, los grupos económicos familiares y la redes de corrupción que antes usufructuaban de los ministerios de Estado.

En la audiencia, por parte del Gobierno Nacional, también participó el procurador del Estado, Diego García, quien fue el encargado de iniciar las intervenciones al asegurar que las ponencias de los periodistas que solicitaron la diligencia “se basan en casos particulares”, por lo que otros temas -como la independencia judicial, el acceso a la justicia, entre otros- no podían ser tratados en esos momentos al ser temas internos de un país soberano.

“Este no es el espacio ni el tiempo adecuado para discutir casos particulares, menos aún si estos se encuentran sometidos a la justicia ecuatoriana dentro del marco de la Constitución y la ley, puesto que no cabría que esta comisión o cualquier otro organismo internacional interfiera con la administración de justicia de un país soberano”, manifestó el procurador García. El funcionario agregó que sectores de los medios de comunicación están usando políticamente a la CIDH.

En la delegación ecuatoriana también estuvieron presentes el secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Johanna Pesántez, y el presidente de la mesa ocasional de Comunicación en la Asamblea, Mauro Andino. No obstante, estas figuras no intervinieron durante la audiencia.  

Comunicadores exigen una investigación en el país

Los peticionarios de la audiencia ante la CIDH, liderados por Ricaurte, fueron los encargados de iniciar la diligencia con la exposición de sus acusaciones en donde aseveraron que en  Ecuador “se está viviendo un notorio deterioro de las libertades de prensa en el país”.

Según lo expresado por Ricaurte, su llegada a Washington se dio como “ciudadanos comunes” que buscan la protección de sus derechos fundamentales “que se nos niega en nuestro país”.

La primera parte de su intervención estuvo enfocada en afirmar que el Gobierno Nacional ha implementado figuras jurídicas de manera inconstitucional para crear un ataque “constante y sistemático” en contra de los medios de comunicación. “Como consecuencia de esta supuesta situación se han entablado más de 20 procesos judiciales contra periodistas y medios como el caso de Emilio Palacio y diario El Universo, Radio La Voz de Arutam y radio La Voz de la Esmeralda Oriental de Macas, cuyo director es el periodista Wilson Cabrera”, manifestó.

Por su parte, el periodista Juan Carlos Calderón fue quien resumió los pedidos de la delegación a la CIDH. El primero de ellos es que se realice una visita del organismo al Ecuador para que constate el estado de la libertad de expresión. Otro punto es que esa misma entidad haga un seguimiento de la situación y remita un informe sobre ese tema.
Además exigió que se dé especial atención a las medidas cautelares contra los periodistas que enfrentan procesos judiciales en el país.  

Calderón pidió a la CIDH que exhorte al presidente de la República, Rafael Correa, y a los funcionarios de su administración a retirar las demandas penales que mantengan contra comunicadores sociales o empresas mediáticas.
Finalmente emplazaron a que el Ministerio del Interior o el seno de la Asamblea Nacional desista de analizar y aprobar  el proyecto de nuevo Código Civil,  el que, según la delegación de periodistas en Washington, será otra herramienta “restrictiva” de las libertades de expresión en el Ecuador.