El Gobierno ecuatoriano cuestionó ayer la legitimidad de la relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Catalina Botero, al señalar que tiene un nexo comercial con una ONG crítica del presidente Rafael Correa.

Hace “poco se descubre que la relatora Catalina Botero tiene una relación de sociedad con Fundamedios”, dijo el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, a la radioemisora Sonorama.

“Ahí están los documentos (...), una relación comercial, asesoría, charlas”, agregó el funcionario, indicando que ello da lugar a un vínculo de “asociación” entre la relatora y el observatorio de medios, que denunció ante la CIDH un “acoso” del Gobierno ecuatoriano contra la prensa.

Alvarado consideró que esa situación “le quita legitimidad a Catalina Botero para tratar el caso que llevó Fundamedios” a la CIDH, de la OEA (Organización de Estados Americanos), en Washington, el pasado 25 de octubre.

Durante la entrevista en Sonorama, el titular de la Secretaría de Comunicación emplazó a los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita a que reconozcan públicamente que no tienen cómo comprobar que el presidente de la República, Rafael Correa, conocía de las negociaciones que mantenía su hermano, Fabricio Correa, con entidades del Estado,   como lo aseguraron en su libro “El Gran Hermano” y motivo por el que Jefe de Estado inició procesos judiciales en su contra. “En todo caso señores ahora lo único que tienen que decir es la verdad: no tenemos  como probar eso, quisimos ponerlo, pero no tenemos como probarlo y se acaba el tema… No es que pidan disculpas, simplemente que le digan la verdad al público”, manifestó el funcionario.

En el mismo espacio, Alvarado aseguró que los gremios que han usufructuado del poder mediático están boicoteando la Ley de Comunicación que se debate en el Legislativo.

El titular de la Secom insistió en que  los medios que han usufructuado del Estado “les aterra una Ley de Comunicación para que nadie los regule o controle y puedan seguir haciendo lo que han hecho toda la vida”. Finalmente instó que en el país prima la voluntad popular y esta ordenó en la última consulta popular que se elabore una Ley de Comunicación.

En un pasaje de la entrevista, Alvarado lamentó que tres de los medios que se oponen a la normativa de comunicación -El Comercio, El Universo y Ecuavisa- hayan estado vinculados en la negociación de las frecuencias para multinacionales telefónicas que perjudicaron al Estado ecuatoriano en más de 4.000 mil millones de dólares durante la década del 90. El entrevistador de Sonorama, Wilson Maposita, compartió la crítica del funcionario y calificó de “condenable” la participación de estas empresas en aquella negociación.