La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó ayer a revisar cómo hacer más eficaz el sistema de protección de garantías fundamentales existente en América desde hace más de 50 años, preocupada por la decisión de Venezuela de salirse de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

El presidente del organismo, José de Jesús Orozco, lamentó “profundamente” en nombre del organismo la decisión del Gobierno venezolano de denunciar la CADH, lo que significa que en un año el país de casi 29 millones de habitantes no estará sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

“Esta denuncia implica que las violaciones de derechos humanos que tengan principio de ejecución a partir del 11 de septiembre de 2013 no serán objeto de escrutinio con base en los estándares de la Convención ni sujetas a la jurisdicción de la CorteIDH”, explicó.

Orozco inauguró en Ciudad de México una reunión de dos días en la que participan a puerta cerrada altos funcionarios de una veintena de países, en su mayoría vicecancilleres, aunque Ecuador envió a su canciller, Ricardo Patiño.

El abandono de la convención o Pacto de San José constituye “un acto diametralmente opuesto al espíritu de universalización que expresó el conjunto de Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su reciente Asamblea General de Cochabamba (Bolivia)”, indicó Orozco.

El funcionario internacional  pidió al Gobierno de Venezuela que reconsiderase la decisión antes de que surtiera efecto, una postura con la que coincidió el nuevo secretario ejecutivo de la CIDH, el también mexicano Emilio Álvarez Icaza. “Esa decisión (...) es un paso atrás al fortalecimiento y a la universalización del Sistema. La CIDH manifiesta su voluntad de diálogo (...) con la República Bolivariana de Venezuela en el mejor ánimo, para tratar de construir, si es el caso, los entendimientos que lleven a revisar esta decisión”, dijo Icaza.

Consideró que “el mensaje más desafortunado es para los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela porque pierden una instancia de protección a sus derechos. Ese es el bien superior a tutelar”, aseveró.

No obstante, recordó que “la CIDH sigue teniendo competencia sobre Venezuela”, lo que le permite investigar casos y pedir medidas cautelares, ya que “está fundada a partir de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

A partir de eso, la CIDH sigue teniendo competencia en Venezuela, explicó. El único país de la OEA que hasta ahora había denunciado la Convención después de adherirse a ella fue Trinidad y Tobago, en 1998, después de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre tres personas condenadas a muerte. Álvarez Icaza alertó, además, de que “sería muy lamentable que otros países siguieran este ejemplo” de Venezuela.

A propósito de la reunión de carácter informal que comenzó, planteada como parte de un proceso de reflexión sobre qué cambios necesita el reglamento de la CIDH, Icaza confió en que las discusiones que mantendrán sirvan para traer mejores prácticas y más eficacia al organismo. “La CIDH tiene ya más de cincuenta años y creemos que este momento de crisis puede ser uno de oportunidad para fortalecerse en el entendido de que hoy los derechos humanos son un indicador de gobernabilidad”, indicó.

Por su parte, el subsecretario (viceministro) para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, Juan Manuel Gómez Robledo, dijo que México tenía “algunas inquietudes” sobre el desempeño de la CIDH.

Sin embargo, agregó que sus propuestas de reforma en modo alguno cuestionaban su “indispensable papel” en el continente americano ni “las obligaciones del Estado derivadas de la CADH”.

La CIDH fue formalmente establecida en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su estatuto, un reglamento que ha sido modificado en varias ocasiones, la última de ellas en 2006.